Los concejales de Málaga para la Gente (MpG), Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos, ofrecieron ayer una rueda de prensa en la que desvelaron que el Plan Especial del Puerto vigente «no permite la construcción, por lo que han pedido al alcalde que se suspenda la modificación de dicho plan, al menos, hasta que se pronuncie el Consejo de Ministros.

MpG asegura que no ha podido tener todavía «el expediente completo, pero han llegado informaciones concretas, como que esta zona está prevista como área de libre esparcimiento, a pesar de que desde la Autoridad Portuaria se afirma que se contempla el uso hotelero». Asimismo, el vigente plan permite una altura máxima para construcciones de 13,5 metros, no 150, señalan, altura prevista para el rascacielos, «y no 135 como dicen, porque no son 35 plantas, sino 38». Esta información se ha conocido «tras poder acceder a los documentos que han presentado los promotores al Ayuntamiento de Málaga», señalaron.

Zorrilla, por su parte, desveló también que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la impugnación contra los cambios de usos de zonas del Puerto del documento de Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP). Agregó que la valoración otorgada a los terrenos para el cálculo de la Tasa de Ocupación incumple el mandato previsto en el párrafo segundo del apartado tercero del artículo 177 de la Ley de Puertos, que «obliga a la revisión del valor de los terrenos cuando se apruebe o modifique la DEUP o cuando se produzca cualquier circunstancia que pueda afectar a su valor». Parece, añadió, «no haberse respetado para la valoración de la tasa de ocupación lo previsto en los supuestos. Se estima un valor de 1.000 euros por cada metro cuadrado o unidad de aprovechamiento lucrativo, resultando una previsible base imponible de 45 millones y, en consecuencia, una tasa de ocupación cifrada en 3.375.000 millones anuales». También dudó de la viabilidad de la firma catarí.

Los dos ediles destacaron que el proyecto incumple sistemáticamente «todos los criterios generales de protección medioambiental y patrimonial», entre otros, pidieron que Urbanismo suspenda la modificación del Plan Especial del Puerto, ya que es el Consejo de Ministros el que tiene que levantar la prohibición de que un suelo con uso portuario se convierta en uso hotelero y la tasa de ocupación no se corresponde con el valor de mercado. También reclamaron una consulta popular sobre la pertinencia o no del proyecto.