La comisión de investigación sobre los expedientes urbanísticos supuestamente caducados sin que se impusiera sanción alguna entre 2006 y 2016 ha quedado constituida esta mañana en su primera sesión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El órgano será presidido por el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, mientras que la vicepresidencia la ostentará el viceportavoz socialista, Sergio Brenes, quienes han sido elegidos con los votos de todos los grupos a favor, a excepción de la abstención de la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, que entendía que debía presidirla una mujer. De cualquier forma, el edil de Urbanismo, Francisco Pomares, ha anunciado esta mañana que los Servicios Jurídicos municipales van a estudiar si llevan a la Fiscalía de Málaga la publicación de una información de este periódico, en concreto la que hace referencia a que el departamento que dirige este edil archivó supuestamente tres denuncias a obras municipales y otras a Emasa, Smassa y el Metro, por si la filtración en las páginas del rotativo fueran "constitutivos de delito".
Pomares ha advertido a todos los grupos de que los datos incluidos en los expedientes no pueden cederse a terceros ni se puede tampoco darles publicidad. Fuentes municipales han incidido en que se trata de una prohibición expresa de la Ley de Protección de Datos y que, por tanto, Urbanismo ha remitido a la Asesoría Jurídica la documentación ante la publicación de algunos de estos datos "por si ve conveniente llevarlo a la Fiscalía para ver si es constitutivo de delito, insistiendo en que no es posible que los concejales den publicidad a los datos ni los cedan a terceros. La decisión, por cierto, ha sido criticada por la oposición municipal de forma muy dura. Sergio Brenes (PSOE) ha señalado que lo que se le exige al PP "es la mayor transparencia respecto de los miles de expedientes de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la tramitación que han llevado en los últimos años, hechos de máxima gravedad". Brenes ha añadido que "se ha estado mirando para otro lado mientras prescribían o no se tramitaban determinados expedientes urbanísticos". "Y respecto a lanzar cortinas de humo de los expedientes que se están tramitando ahora o de los expedientes que se han puesto a disposición nos parece que es desviar la atención de donde debe estar", ha dicho, para exigir al PP que haga un análisis interno y depure las responsabilidades urbanísticas que se derivan de esa mala tramitación.
El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, también ha calificado de "cortina de humo" la decisión de Pomares. "Es intentar desviar el foco de atención, intenta que miremos lo accesorio y no lo principal", ha dicho, para insistir en que la primera obligación del Ayuntamiento es llevar a cabo correctamente "la disciplina urbanística, una competencia fundamental que todos los ayuntamientos tienen abandonada, no se preocupan de averiguar durante años por qué no se tramitaban los expedientes de ilegalidades urbanísticas graves y ahora su preocupación es poner en manos de la Fiscalía que se averigüe cómo se ha conocido esa información, que se dediquen a lo que se tienen que dedicar". Lo que se quiere conocer en la comisión, ha dicho es por qué se ha abandonado esa competencia durante años y "queremos saber no sólo la relación de expedientes, las personas y las entidades beneficiadas, sino también las causas de por qué no se han perseguido, y los posibles nexos".
Málaga para la Gente da la cifra de 7.000 carpetillas en su moción para crear esta comisión en el periodo 2006-2016, mientras que Urbanismo da otra cifra: 2.593 entre 2009 y 2016, de las que sólo 810 deberían ser archivadas al haber caducado la acción y prescrito, por tanto, la información.
En lo puramente funcional, Torralbo ha criticado que no sea una mujer la que presida la comisión, ya que ella "es consejera de Urbanismo y nunca ha presidido una comisión", asegurando después que se siente "ignorada" en cuanto al trabajo que realiza.
La comisión tendrá un máximo de cuatro sesiones, más la de hoy de constitución y la de conclusiones. Se ha pasado de periodicidad quincenal a mensual, y se ha acordado que la información esté disponible siete días antes y no 48 horas. Las sesiones serán en junio, julio, septiembre y octubre, además de la de conclusiones en noviembre. En cada sesión habrá una comparecencia máxima por grupo, aunque se deja manga ancha para que sean dos, dado que se consensuará antes del inicio.
La comisión de investigación, apoyada por todos los grupos en marzo, tendrá seis concejales del PP, tres del PSOE, una de Málaga Ahora, otro de Málaga para la Gente, uno de Cs además del edil no adscrito.
Esta comisión de investigación es la tercera de este mandato sobre asuntos de gestión del PP, ya que se han llevado a cabo la relacionada con Limasa y la del Museo de las Gemas.
