La cosa va por comunidades y ayuntamientos, mientras que el Gobierno central aún busca fórmulas para regular un fenómeno que ha venido para quedarse, el de las viviendas turísticas, y que ha puesto en jaque al modelo tradicional de hotel y sol y playa. La dispersión legislativa es marca España y cada administración local o autonómica va por un lado, compartiendo ciertos principios generales, pero aplicando normas muy diversas. Se pasa de la restricción a la fatiga normativa, cada uno con lo suyo. En Málaga, el exedil de Turismo, Julio Andrade, hizo hace un año unas declaraciones en el sentido de aumentar la fiscalidad a estas viviendas en el IBI o el recibo de la basura y a declarar zonas saturadas determinadas calles de la ciudad. Ahora, el Ayuntamiento afirma estar haciendo un estudio para contar cuántas viviendas turísticas regladas hay y dónde están. El problema son también las ilegales. Se buscan fórmulas.
La noticia saltó hace unos días en Palma de Mallorca. Esta ciudad no permitirá el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares en todo el municipio, pero sí en casas unifamiliares excepto en polígonos, suelo rústico y en los alrededores del aeropuerto. La idea es proteger al residente y priorizar el derecho de acceder a una vivienda. Fue la presión vecinal la que logró la confección de esta norma. El problema es que estas viviendas disparan los alquileres para la población autóctona. En Málaga, por ejemplo, el precio medio de un arrendamiento es de 1.080 euros, el cuarto más alto del país. Y seguirá subiendo.
En Asturias, por ejemplo, el auge de estos pisos también ha disparado los alquileres. El sector inmobiliario ha explicado que un decreto del Gobierno asturiano regula estos alquileres, pero esas medidas no se están cumpliendo, por lo que pide más controles. Por ejemplo, allí se les exige que tengan cédula de habitabilidad, estar amueblados, contar con electrodomésticos, disponer de un seguro de responsabilidad civil, una superficie mínima, dar de alta todos los suministros, identificarse como vivienda de alquiler turístico y que la comunidad de vecinos te deje hacerlo, explica el sector.
En Valencia, por otro lado, también se va por una vía restrictiva. El Ayuntamiento ha presentado una enmienda a la Ley de Turismo de la Generalitat para que el municipio recupere el control sobre los alojamientos turísticos, que se limitarán a la planta baja o el primer piso. Sólo se podrán inscribir en el registro los que obtengan un informe urbanístico previo de compatibilidad. Esto afectará a entre un 65 y 70% de las viviendas turísticas actuales. «Se ha acabado comprar pisos para hacer negocio», dice el Ayuntamiento.
En Madrid, los hoteleros han saludado el borrador del Plan de implantación del uso de hospedaje del Ayuntamiento, que acaba con la barra libre de las viviendas turísticas. En el borrador se fijan los requisitos urbanísticos que deben cumplir, en particular en relación a que cuenten con accesos independientes al edificio, garantizando el respeto y protección de los residentes y restringiendo su implantación en el distrito Centro.
La Xunta de Galicia reclamará a las webs la lista de pisos turísticos que ofertan para ver si son legales, mientras que Canarias prepara un decreto que establecerá una prohibición general en zonas turísticas y dejará en manos de cabildos y ayuntamientos abrir o no la mano.
Legislación
El Gobierno, por otro lado, buscar ahora fórmulas para que las comunidades de vecinos tengan mayor poder para fijar sus normas y actuar sobre los pisos vacacionales y pide a los diferentes gobiernos territoriales y municipales que legislen. Por otro lado, la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales de Andalucía (Apartsur) presentó 23 denuncias por alojamientos ilegales, ocho en la capital malagueña.
