Poder llamar a la Policía y que ésta pueda echar de manera inmediata a los inquilinos de viviendas turísticas que estén molestando a los vecinos de las comunidades de propietarios o causando destrozos en las mismas es una de las propuestas realizada por el Colegio de Administradores de Fincas (CAF) de Málaga y Melilla a la Junta de Andalucía, de manera que actúen como agentes colaboradores de la autoridad.

Así lo explicó el presidente del CAF Málaga y Melilla, Fernando Pastor, quien aclaró que no se trata de «limitar» el uso de la vivienda sino que los administradores colegiados tengan la potestad, ante un problema, de llamar a la Policía y que esta actúe. Ahora no sucede así e incluso cuando se actúa el inquilino que ha ocasionado el problema ya ha abandonado la vivienda en cuestión.

«Todos tenemos asumido que si en un hotel un huésped está molestando o haciendo gamberradas, la propiedad lo puede echar; pues queremos que sea igual y se pueda desalojar porque los administradores queremos la paz vecinal», especificó Pastor, quien manifestó que este planteamiento se le ha trasladado a la Junta pero aún no tienen respuesta.

Esto sería algo «sencillo» al ser competencia del propio Gobierno autonómico, que únicamente tendría que hacer un cambio en la legislación autonómica, creando la figura del agente colaborador y que esto se incluya también en los contratos de alquiler de viviendas turísticas.

Pastor recordó que la llegada del verano provoca un incremento de los alquileres en viviendas turísticas y, por tanto, de problemas, sobre todo en las zonas de costa. No obstante, admitió que esta problemática se está trasladando al centro de Málaga capital, con la existencia de edificios antiguos, que no están insonorizados y que provocan molestias a los vecinos por parte de «personas que vienen a pasárselo bien y no tienen cuidado de las normas de comunidad».

Ocurre igualmente, apuntó, que a través de plataformas de alquiler por Internet se arrendan viviendas turísticas para cuatro personas «y se meten ocho, eso no se controla y hay que hacerlo porque hacen uso de piscinas, de ascensores, de zonas comunes». Sin embargo, el número de inspectores que existe en la provincia de Málaga es «cinco», lo que provoca que «únicamente lleguen a las denuncias expresas que se ponen».Potestad para los consistorios

A juicio de Pastor, las declaraciones del ministro de Turismo, Álvaro Nadal, de dar a las comunidades de propietarios más poder para actuar ante los problemas en las viviendas turísticas es «un brindis al sol» y demandó una legislación nacional que lo regule y, a partir de ella, las autonomías se adapten.