­El Consejo de Gobierno analizó ayer la Estrategia Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social en Zonas Desfavorecidas, que prevé actuaciones en 99 áreas de 65 municipios con una inversión de 169,5 millones de euros hasta el año 2022, que serán cofinanciados con fondos europeos (80 %) y de la Junta (20 %). Así, se va a pasar de las entre 50 y 60 zonas en las que la Junta ya actuaba a un total de 99, y durante este ejercicio se invertirán 39 millones de euros, según detalló ayer la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En el caso de la provincia de Málaga, la Estrategia incluye 14 zonas: seis en la capital (Málaga Centro Cruz Verde Lagunillas, Málaga Centro-Trinidad-Perchel, Palma-Palmilla, Dos Hermanas-San Andrés-El Torcal, Campanillasy La Corta), cuatro en Vélez Málaga (La Gloria, Cuesta del Visillo, Pueblo Nuevo de la Axarquía y Casas de la Vía) y uno en Marbella (Las Albarizas), Ronda (Dehesa El Fuerte Ronda), Álora y Torremolinos (Torremolinos Norte).

Las actuaciones, que beneficiarán a más de 914.000 personas, pretenden combatir la desigualdad, y para llevarlas a cabo se prevé la incorporación de 1.037 profesionales, de los que 787 lo harán a través de las corporaciones locales y 222 a través de entidades.

El plan abarca las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local desarrollan en estas zonas, entre las que destacan las relativas a la inserción socio-laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión social.

En su elaboración han participado las consejerías con competencias en educación, salud, empleo, vivienda y justicia, así como el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, al tiempo que se han tenido en cuenta más de 400 entrevistas realizadas a los agentes sociales de cada zona.

Este mismo año se abrirán dos convocatorias de ayudas: la primera -de casi 28 millones de euros- se dirige a las entidades locales para reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención, y la segunda -de más de 9,3 millones- a las entidades privadas sin ánimo de lucro.

Las 99 zonas incluidas en el documento han sido seleccionadas teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia.

Del total, 18 corresponden a la provincia de Cádiz, 14 a Málaga y otras 14 a Sevilla, a las que siguen Granada (13), Jaén (12), Almería (11), Huelva (9) y Córdoba (8).

Se trata, en su mayor parte, de entornos urbanos con elevada concentración de población en situación vulnerable y afectados por la existencia de barreras físicas.

La intervención se desarrollará bajo los criterios de participación de la ciudadanía, la integración de la perspectiva de género y el fomento de la solidaridad, la equidad, la interculturalidad y la diversidad, con un enfoque centrado en las personas y las familias.

En concreto, se establecen cuatro grandes ejes: desarrollo económico y sostenible; políticas públicas para el bienestar y la cohesión social; mejora del hábitat y la convivencia, y trabajo en red para la intervención social comunitaria.