Los cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales rompieron la baraja el pasado viernes en Madrid en las negociaciones con el Ministerio de Justicia y han convocado una huelga general para togados en toda España el próximo martes, 22 de mayo. Piden negociar 18 medidas de forma urgente, un paquete que se resume en la exigencia de inversiones inmediatas en este servicio público y en una serie de reformas procesales, laborales y organizativas con el fin de que el sector funcione como debe y no dando respuestas a los ciudadanos años después de que hayan depositado la confianza en sus jueces. Tanto las asociaciones como el juez decano de la capital, José María Páez, esperan un seguimiento «masivo del paro» y en la Ciudad de la Justicia podrían paralizarse entre 400 y 500 juicios y actos judiciales señalados ese día.
En concreto, hay en torno a 200 togados llamados al paro total, el segundo en la historia de la democracia, en la capital de la Costa del Sol: 79 jueces de órganos unipersonales, doce de adscripción territorial, los más de treinta magistrados de las salas penales y civiles de la Audiencia Provincial de Málaga y entre setenta y ochenta miembros del Ministerio Fiscal.
Páez recuerda que se han consensuado una serie de servicios mínimos, de forma que entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde sí se celebrarán las diligencias urgentes, las vistas de medidas cautelares, las causas con preso y continuará impasible la actividad de los juzgados de guardia. Del resto, se espera que no se mueva ni un papel en los despachos de los togados.
El colectivo está harto no sólo por la falta de medios humanos y materiales para efectuar su trabajo, sino también porque el Pacto de Estado prometido por Mariano Rajoy para invertir de forma sostenida en Justicia nunca llega. El juez decano recuerda que, sólo en la capital son necesarios 30 juzgados de manera urgente. Así, por ejemplo, los tres juzgados de lo Penal especializados en Violencia sobre la Mujer están celebrando los juicios rápidos por delito a más de un año vista y las causas normales, más graves, están llegando ahora a plenario por hechos que se produjeron en 2013 o 2014. Los dos juzgados de lo Mercantil, unidos en un tribunal de instancia, no dan abasto para sacar adelante la avalancha de trabajo que tienen ante sí y están al borde del colapso. La radiografía se remite de forma casi mimética en otras jurisdicciones como la Civil, absolutamente sobrecargada. De hecho, este año se ha creado sólo un juzgado de Primera Instancia que se va a dedicar a apoyar al ya existente en temas de cláusula suelo, otro de los temas que ha saturado los órganos malagueños.
El día de la huelga es posible que se haga una concentración a media mañana a las puertas de la Ciudad de la Justicia y que se lea un comunicado, pero han de consensuarse aún el texto y la acción.
Las propuestas han sido aprobadas por 1.200 juntas de jueces en todo el país, además de contar con la adhesión individual de más de 3.500 togados. La unidad en el colectivo es total, sobre todo después de las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre uno de los magistrados de la sentencia de «La Manada», que tanto rechazo social ha causado. Últimamente también se ha sumado el malestar por el hecho de que se culpe a un juez de haber enviado mal la Euro Orden para extraditar a España desde Bélgica a varios excargos de la Generalitat. También han desarrollado una serie de paros parciales de dos horas desde el 5 de abril hasta ayer, que fue el último, concentrándose a las puertas del palacio de justicia.
Inversión sostenida
Así, piden un plan de inversión suficiente y prolongado para incrementar los jueces y fiscales, equiparando la plantilla a la media europea y convocando cada año 300 plazas durante un cuatrienio; modernizar edificios fiscales y judiciales y un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas adecuados, así como medios materiales. Reclaman la implantación de los tribunales de instancia y, en el ínterin, crear órganos judiciales para atender la demanda de justicia: la litigiosidad es de 126 asuntos por cada mil habitantes; piden eliminar las adscripciones forzosas y suprimir las figuras de sustitución y refuerzo en el periodo de prácticas, respetando el derecho a una formación inicial adecuada; exigen revisar el modelo de oficina judicial sobre las experiencias piloto y en relación a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones, compatibilizar los sistemas informáticos de gestión procesal existentes en todo el país y medios personales y materiales para quienes luchan contra la corrupción.
