24 de mayo de 2018
24.05.2018
Exclusión social

Catorce zonas desfavorecidas de Málaga recibirán ayudas de la Junta

Las actuaciones se realizarán en la Axarquía, Marbella, Ronda y una decena en la capital

24.05.2018 | 05:00
La Palma-Palmilla será una de las zonas de la capital que contará con el plan de la Junta.

­La Junta de Andalucía ha desarrollado una nueva línea de trabajo por la que se impulsarán actuaciones en 14 zonas desfavorecidas de la provincia para luchar contra las situaciones de pobreza, vulnerabilidad o riesgo de exclusión social que se dan en dichos ámbitos, dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social.

La campaña, que se desarrollará hasta 2022 en la región con una inversión de más de 169,5 millones de euros, permitirá actuar en un total de 99 zonas desfavorecidas de 65 municipios de Andalucía y se contribuirá a mejorar la calidad de vida de más de 914.000 personas, informó ayer el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, que estuvo acompañado de la delegada de Igualdad y Políticas Sociales, Ana Isabel González.

En cuanto a las zonas de la provincia en las que se llevarán a cabo estas actuaciones son Pueblo Nuevo, en la Axarquía, La Gloria, la Cuesta del Visillo y Casas de la Vía, en el municipio de Vélez Málaga; Torremolinos Norte; la Dehesa El Fuerte, en Ronda; Las Albarizas, en Marbella, y Álora.

Además, en Málaga capital se intervendrá en las zonas de Palma-Palmilla, Trinidad y Perchel, Cruz Verde y Lagunillas, La Corta, Dos Hermanas, Nuevo San Andrés y el Torcal, Campanillas, Los Asperones y Castañetas.

Las zonas incluidas han sido seleccionadas, detallaron, teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia.

Los ejes de actuación, según desglosó la delegada territorial de Políticas Sociales, son cuatro: desarrollo económico y sostenible; políticas públicas para el bienestar y la cohesión social; mejora del hábitat y la convivencia; y trabajo en red para la intervención social comunitaria.

Entre las medidas concretas, dijo Ana Isabel González, se encuentran las destinadas a evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención en las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; incrementar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.

Para la delegada, esta «política trasversal hace a los ciudadanos protagonistas de su propio desarrollo», indicando que «son distintos ejes y muy amplios todos para conseguir que, a nivel social, estas personas se encuentren en mayor inclusión», concluyó.

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