El Ayuntamiento de Málaga se ha visto obligado a devolver cerca de medio millón de euros y se baraja que entregará otro millón correspondiente al impuesto de plusvalía de 2017 «indebidamente cobrado», denunció este miércoles el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla. «Se desconoce aún cuánto tendrá que devolver de 2018, aunque se calcula que pueden ser dos millones», dijo.

En mayo de 2017, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la parte del impuesto de plusvalía cuando se cobraba y no se producía un incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Zorrilla explicó que esta situación se produce por la mala gestión del responsable del área que no ha hecho caso a las innumerables propuestas que en este sentido viene reclamado esta formación política, ni a las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). «Ahora se enfrenta a la devolución millonaria, que afectará a las arcas municipales y a las ciudadanas y ciudadanos, ya que dichos fondos tendrá que ser detraídos de otro espacio», dijo.

Según los datos facilitados por la formación de izquierdas, a diciembre de 2017, el Ayuntamiento de la capital se ha visto obligado a devolver 471.297 euros, de los que 253.166 lo fueron por vía administrativa y 218.131, por vía judicial tras las veinte sentencias.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía y Hacienda de Málaga, Carlos Conde, criticó el «desconocimiento» de la coalición y afirmó que el Consistorio malagueño actúa «de forma totalmente ejemplar y con responsabilidad».

Conde, en declaraciones a Europa Press, dijo estar «desconcertado» por las declaraciones de Zorrilla, ya que «demuestra un absoluto desconocimiento en materia de haciendas locales». Es más, dijo que hace «afirmaciones que rozan el absurdo: saben perfectamente, todos los concejales, los que han querido entender esta cuestión, que estamos ante un tributo que está regulado por una ley estatal y que el Constitucional ha obligado a reformarla para adaptarla a las circunstancias tras las distintas sentencias». «No está en manos de los ayuntamientos el adaptar sus circunstancias hasta que la ley no lo regule», recordó.