El pleno de ayer fue monográfico sobre el modelo de ciudad y turístico que necesita Málaga, aunque uno de los debates más tensos se vivió en relación a la proliferación de viviendas turísticas en la urbe y la necesidad, según la oposición, de regular su uso y crecimiento para que «Málaga no degenere en Magaluf», como dijo el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, en una parte de la refriega. Hubo dos mociones al respecto, una de Ciudadanos y otra de Málaga Ahora. La primera salió adelante por unanimidad y en la segunda se tumbaron siete de los once puntos propositivos. Lo cierto es que el PP volvió a mirar ayer a las orillas de la Junta y del Gobierno central para regular este fenómeno, pero más allá de tímidas medidas no se decanta, o por lo menos no lo dice en público, por atajar el problema hasta que no haya un marco legislativo superior y la futura ordenanza no pueda ser tumbada en los tribunales.
La moción de Ciudadanos fue defendida por el viceportavoz, Alejandro Carballo, y salió por unanimidad: se insta al Gobierno central a promover un marco normativo estatal para la regulación de viviendas turísticas, se insta a la Junta a redoblar la labor inspectora y sacar a flote más pisos vacacionales ilegales y se insta al Ejecutivo andaluz y al propio Ayuntamiento a profundizar en políticas de alquiler de vivienda pública, como medio para ofrecer alternativas a las familias y atenuar la subida de los alquileres (Málaga es ya, en algunos estudios, la cuarta ciudad con el precio medio del arrendamiento más caro del país).
La partida sirvió para que Francisco Pomares, concejal de Urbanismo, sacara pecho, junto al alcalde, Francisco de la Torre, de las políticas de vivienda que realiza el Consistorio malagueño, pese a que dos vecinas que tomaron la palabra dejaron claro las presiones que sufren por parte de los propietarios de sus casas.
El edil no adscrito, Juan José Espinosa, criticó que Cs hable de turismofobia, cuando lo que parece que tiene la formación naranja es «regulafobia» y le afeó que presente esta propuesta cuando los que se han quejado son los hoteleros y no cuando lo hacían los vecinos del Centro. Zorrilla, por su parte, destacó que ya hay más plazas de viviendas turísticas que camas hoteleras, «hay un gran aumento de pisos patera, más de la mitad ilegales y se está dando un éxodo de vecinos del Centro por el alza en los precios del alquiler, más de 20.000 en los últimos años».
El viceportavoz socialista, Sergio Brenes, criticó que el 75% de los fondos europeos se inviertan en el Centro, como dice el Observatorio del Medio Ambiente Urbano (OMAU), lo que puede dar lugar a la expulsión de los ciudadanos de esta zona de la ciudad.
Pomares, visiblemente molesto, destacó las miles de viviendas sociales hechas por el equipo de gobierno frente al 2% de las impulsadas por la Junta, que es quien tiene la competencia, criticó que falta inspección por parte de la Junta y ello lleva «al descontrol» y consideró que es necesario que las viviendas puedan declararse de uso terciario para tener más herramientas en la lucha contra las casas turísticas. Carballo destacó: «No queremos que Málaga se convierta en Magaluf» y Brenes agregó que este modelo de Centro lo ha denunciado el PSOE desde hace años.
La edil de Turismo, María del Mar Martín Rojo, destacó que la «competencia en viviendas turísticas la tiene la Junta» y criticó que el registro de pisos vacacionales llegó tarde, aunque tendió la mano a la Junta para reformarlo y endurecerlo.
Málaga Ahora vio tumbados siete de los once puntos que proponía, defendidos por su portavoz Ysabel Torralbo. Salieron adelante los siguientes: que el Ayuntamiento aplique la restricción de hospedaje en edificios residenciales y en las plantas altas, que las viviendas no se puedan registrar sin un informe favorable de la Gerencia de Urbanismo, instar al Gobierno español a reformar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos puedan modificar los estatutos de las comunidades de propietarios e impedir apartamentos turísticos en sus edificios e instar al Ejecutivo central a crear una ley encaminada a armonizar la normativa sobre alojamientos turísticos y regular precios para el alquiler. Se rechazaron, por ejemplo, propuestas tales como imponer una tasa turística por pernoctaciones y que el Ayuntamiento impusiera también tasas por casas.
