07 de junio de 2018
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Urbanismo abrió 11.000 expedientes en diez años, puso 2.000 sanciones y sólo ha cobrado 18 de ellas

De los 11.834 expedientes por infracción abiertos entre 2006 y 2016, sólo 2.060 de ellos han tenido también procedimiento sancionador

07.06.2018 | 05:00
Edificio de la Gerencia de Urbanismo en el paseo Antonio Machado.

La actividad sancionadora por infracciones que lleva a cabo la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga está siendo mínima en la última década, según los datos que arroja la documentación aportada por la propia Gerencia para la comisión de investigación que analizará los expedientes de infracción urbanística entre los años 2006 a 2016, comisión que tendrá su primera sesión la próxima semana.

De los 11.834 expedientes abiertos en ese periodo de diez años, sólo a una mínima parte se le ha abierto expediente sancionador, concretamente a 2.060 de ellos, un 17,4%. La gran mayoría no consta que culminara en sanción económica. El dato es concluyente y determinante: de los 11.834 expedientes por infracciones urbanísticas abiertos en los diez últimos años, la Gerencia de Urbanismo sólo ha logrado que 18 de ellos hayan terminado en el pago de una sanción, mientras que hay otros 73 que, según la documentación de la Gerencia de Urbanismo, están pendientes del pago de la sanción.

De las 18 sanciones cobradas, la mayoría de ellas corresponden al año 2006 -once cobradas- otras cuatro a 2007, otras dos a 2008 y una más a 2011, desde entonces, en los últimos siete años la Gerencia de Urbanismo no ha culminado el cobro de ninguna sanción urbanística, según sus propios datos.

Este bajísimo número de sanciones cobradas se corresponde a su vez con el escaso número de expedientes sancionadores abiertos.


Cada año menos sanciones

De los 11.834 expedientes de infracción abiertos, sólo 2.060 han tenido en paralelo procedimiento sancionador. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) es clara al respecto y señala en su artículo 186 que «la apreciación de la presunta comisión de una infracción urbanística dará lugar a la incoación, instrucción y resolución del correspondiente procedimiento sancionador». La ley añade que el proceso sancionador se instruirá de manera independiente al de restablecimiento de la legalidad urbanistica alterada, pero «de forma coordinada con éste».

La Gerencia no ha abierto procedimiento sancionador a aquellos expedientes en los que se comprobó que las obras se ajustaban a la licencia, la infracción era inexistente o cuando habían prescrito. La actividad sancionadora de la Gerencia ha ido disminuyendo con el paso de los años, de tal manera que en 2006 fueron 409 los procedimientos sancionadores abiertos y este número ha ido disminuyendo año a año y cae en picado a partir de 2013; en este año hubo 180 procesos sancionadores, pero en 2014 fueron 38, en 2015, 33 y en 2016 apenas 32.

La documentación entregada por la Gerencia de Urbanismo no aporta elementos que justifiquen porqué no se abre procedimiento sancionador a la gran mayoría de expedientes.

Esta ausencia de procedimiento sancionador solo es posible en los expedientes cuyas obras y usos han prescrito, que son 231; en los que se constata la inexistencia de infracción, que son 324 y en los que se comprueba que las obras están ajustadas a la licencia otorgada, que son 373. Los tres casos suman 931 expediente; a ellos habría que sumar también los abiertos a organismos públicos que están exentos de ser sancionados; todo ello arroja una cifra en torno a los mil expedientes que está muy lejos de los 11.834 abiertos entre 2006 y 2016.

Este modo de actuar tiene que ver con la particular filosofía del concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, al respecto. En la pasada comisión de Transparencia que trató sobre los expedientes urbanísticos, Pomares explicó que la mayoría de las denuncias son leves y tienen que ver, «por ejemplo, con no haber pedido una licencia para hacer obra en una casa y que se realizan a través de vecinos que se denuncian» o por actas de la Policía Local, al ser «obras menores», por lo que es mejor «no abrir expedientes, como ahora se hace, simplemente porque un vecino no ha pedido una licencia». Pomares reconoció que «hay que cumplir la norma» pero que la norma «es injusta, y que por eso «hay que cambiarla».

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