11 de junio de 2018
11.06.2018
Tribunales

Málaga es la cuarta provincia del país con más demandas por cláusulas suelo

La Costa del Sol acumula 6.928 asuntos en trámite por este motivo, aunque es superada por Barcelona, Madrid y Sevilla

11.06.2018 | 05:00
Imagen de la Ciudad de la Justicia de Málaga, sede de los dos juzgados especializados en cláusulas suelo.

Las sentencias emitidas por los jueces especializados en la materia en el primer trimestre fueron estimatorias en un 98,3% de los casos

El problema de las cláusulas suelos sigue teniendo colapsados los juzgados específicos creados para resolverlo, al menos en la provincia de Málaga. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hechos públicos esta semana, Málaga es la cuarta provincia española con más demandas de esta naturaleza en trámite a finales del primer trimestre de 2018, un total de 6.928, sólo superada por Barcelona (23.773), Madrid (17.299) y Sevilla (11.056).

Ello supone un colapso importante de los juzgados de ámbito provincial, creados específicamente para aliviar el enorme montón de carpetillas que se agolpan ahora sobre las mesas de los jueces y que fueron, por cierto, una de las causas de la huelga que hicieron el pasado mes de mayo.

En Málaga, en concreto, se creó el año pasado el Juzgado de Primera Instancia número 18 bis, con dos jueces, para sacar adelante las demandas, y hace tan sólo unas semanas ocurrió lo mismo con el Juzgado de Primera Instancia número 20, que desde su nacimiento está asumiendo estas demandas en exclusiva, con lo que en la provincia, concretamente radicados en la Ciudad de la Justicia, hay tres jueces dedicados a estos asuntos. No dan abasto, explicó el juez decano de la capital, José María Páez, quien definió la situación como «grave» y confirmó que harán falta más refuerzos.

A Málaga, le siguen en el ranking Alicante, con 6.727 demandas; Valencia, con 6.686; Las Palmas, con 6.374; Tenerife, con 6.362 y Bizkaia, con 5.958.

La espera, de cualquier forma, se está acortando, al menos en Málaga, al haber ya tres jueces dedicados a este asunto y además las decisiones suelen ser favorables en la mayor parte de los casos. En concreto, en el primer trimestre de 2018 se han dictado 286 sentencias de esta naturaleza en la provincia y han sido estimatorias el 98,3% de las mismas.

La avalancha de demandas por cláusulas suelo se ha dado después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acabase con la limitación de la retroactividad de las mismas –fijada en mayo de 2013–, de forma que el usuario hipotecado no sólo dejase de abonar mensualmente la cláusula, sino que además tendría derecho, siempre que se cumplieran una serie de condiciones, a recibir lo pagado de más desde la inclusión de este factor o la firma del contrato hipotecario.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para hacer frente a la avalancha de este tipo de resoluciones, se sacó un plan de la manga a principios de 2017: especializar uno o varios órganos por provincia en la materia, un plan que, pese a haberse llevado a cabo, encontró la férrea oposición de la judicatura de base y de los jueces decanos del país.

En Málaga, por ejemplo, hubo una Junta de Jueces de Primera Instancia de la capital en marzo de 2017 y en el acta final de esa reunión los togados pedían que el plan de urgencia no se aplicase, porque la carga de trabajo «colapsaría de forma inmediata al juzgado o juzgados de Primera Instancia» especializados. «Ello llevaría a miles de ciudadanos, que han sido víctimas de las cláusulas suelo abusivas, a una situación absolutamente intolerable e incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto a que tendrían que esperar cinco o seis años desde la presentación de la demanda para obtener una respuesta judicial a su reclamación», aseguraron.

También avisaban de que si se aplicaba el plan en partidos como Málaga «se llegaría a un resultado contrario al pretendido por el CGPJ, en la medida que dicha aplicación tendría un único y exclusivo beneficiario: las entidades bancarias que introdujeron, en perjuicio de miles de ciudadanos y de forma abusiva, cláusulas suelo en las escrituras que firmaron los consumidores». Estas entidades, señalaron los togados, una vez que han conocido la sentencia del TJUE, podrían «demorar sin justificación alguna cinco o seis años la devolución de las cantidades cobradas indebidamente».

De cualquier forma, la situación en la administración de Justicia es de desánimo, porque después de la huelga y de conocer que el ya exministro del ramo, Rafael Catalá (PP), iba a iniciar negociaciones con las asociaciones de jueces y fiscales para paliar la endémica falta de medios materiales y humanos que arrastra esta administración, pero con el cambio de Gobierno vuelven al punto de partida, aunque esperan que la situación sea reconducida.

Una de las cosas que no se han cumplido es un pacto de Estado sobre la Justicia para hacer una inversión sostenida en el servicio.

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