La comisión de investigación abierta para tratar de esclarecer por qué de 11.834 expedientes de infracción 2.060 acabaron con procedimiento sancionador y sólo se cobraron 18 en el periodo 2006/2016 celebró este martes su primera sesión en el Salón de Plenos. Los tres inspectores de obras de la Gerencia Municipal de Urbanismo respondieron a las preguntas de los diferentes portavoces municipales y, de sus palabras, si algo quedó claro, fue que están «frustrados» por la falta de medios humanos y materiales que arrastran para enfrentarse cada año a cientos de expedientes y que a veces tienen que hacer sus informes de forma sui generis, con programas informáticos del siglo pasado, por ejemplo.
De cualquier forma, el edil de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, más que preguntar, negó los sucesivos datos que ha venido publicando este periódico y cuestionó a uno de los tres técnicos de esta forma: «¿Cree que es justo la imagen que se está dando por parte de una formación política y de un medio de comunicación?», a lo que este respondió: «A título personal no es justo, ver en la prensa tu trabajo no es positivo».
Claro que, pese a esa pregunta, lo que evidenció la declaración de estos tres profesionales es que no trabajan con los medios adecuados, según ellos mismos explicaron, lo que calificaron como «frustrante». Pomares recogió el guante y aseguró que se va a trabajar en ello. Los tres negaron a reiteradas preguntas de los portavoces que hubiera injerencias políticas para que dejaran caducar unos expedientes sobre otros o que la reducción de su departamento se hiciera de forma premeditada por indicaciones de la cúpula de la Gerencia o del equipo de gobierno.
El tercero en declarar aseguró a preguntas de Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora: «La reducción de personal es lo que ha bloqueado todo, es lo más evidente». El primero de ellos, a instancias del viceportavoz socialista, Sergio Brenes, también fue taxativo: señaló que hace dos años había cuatro inspectores y hace cinco o seis, eran seis en el departamento, pero por traslados, jubilaciones y otros asuntos internos han acabado siendo tres desde los ocho que sumaban hace no tanto. «Pensamos que es inevitable que con los medios que tenemos podamos resolver un expediente en el plazo que marca la ley, hay que priorizarlos», añadió. «Cuando entré en el 90 éramos ocho, hemos disminuido a tres y la ciudad ha ido creciendo».
Hasta hace poco, ellos priorizaban los expedientes de infracción que consideraban más graves, hasta que hace unos meses se aprobó un plan de inspección que puntúa los tipos de obra según su gravedad, por lo que ahora visitan primero aquellas con una puntuación más alta. ¿Qué método había antes para priorizar las obras a visitar? «Cuando entré habría un método, el que me enseñaron...», dijo. Los expedientes se abrían después de denuncias de la Policía Local, la Guardia Civil, requerimientos de otros departamentos o denuncias de particulares. Las que tienen un correlato judicial, tienen prioridad.
Este inspector, el más veterano de los tres, también explicó que ellos se encargan de los expedientes de restitución de legalidad y una vez que se hace el informe estos pasan al departamento de infracciones, que es el que se encarga de determinar las infracciones a imponer; si no resuelve en el tiempo marcado por la ley, la carpetilla vuelve a su mesa e inspeccionan otra vez la obra. «No damos abasto», apuntó.
El viceportavoz de Ciudadanos, Álex Carballo, preguntó si es natural dejar caducar y morir estos expedientes de disciplina urbanística, a lo que el veterano inspector respondió: «Puede que sea habitual, pero no es dejar morir, eso es algo que alguien hace a conciencia, y no es así». ¿Le han presionado? «No y jamás en algún informe nadie me dijo que no se haga, que no lo va a tramitar o que lo cambie».
Consideró que el hecho de puntuar los expedientes según su gravedad debería haberse hecho hace «diez o veinte años» y aseguró que muchos de esos expedientes provienen de «denuncias poco significativas, pero que nos hacen perder mucho tiempo». Él fue el primero en usar el calificativo de «muy frustrante». «Frustra mucho haber abierto un expediente y no poder decir que lo hemos terminado». Al menos en dos ocasiones en los últimos años han pedido un aumento de medios humanos y materiales de forma oficial, «y por el motivo que sea no se nos dan, no podemos hacer más», recalcó.
¿Qué falta?, preguntó el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, a lo que este respondió: «Mi opinión personal es que faltan abogados, inspectores, administrativos, son muchas denuncias, necesitaríamos un departamento entero para cubrirlo».
Uno de sus compañeros que entró en 2012 en la inspección aseguró que «no se puede sacar tanto trabajo adelante, lo hemos pedido: recursos, herramientas, compañeros...». «La prioridad se la damos nosotros, salvo que sea una cosa flagrante», dijo. Pomares insistió en que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que estos inspectores son independientes, autónomos y agentes de la autoridad, para rechazar que recibieran órdenes. Este explicó que necesitan también aplicaciones informáticas modernas. «Algunas están en Visual Basic, que es un programa antiquísimo, son pantallitas pequeñas en las que nos tenemos que dejar la vista. Está poco actualizado, es absurdo, sirve porque hay datos, pero no es tan fácil acceder», aclaró, para pedir luego «una renovación integral» tanto de ordenadores como de programas y contó que recientemente han contado con un monitor usado para poder comparar las fotos que luego incluyen en los informes. «Antes comparábamos las fotografías de memoria», concluyó.
