La investigación del caso Invader se pone interesante. La declaración como investigado del pasado lunes del director del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, Fernando Francés, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la capital ha reactivado un asunto que además de poner en evidencia la gestión cultural de la ciudad está poniendo de los nervios a más de uno. Desde que una veintena de mosaicos atribuidos al reconocido artista urbano galo aparecieran a finales de mayo de 2017 en diferentes puntos de la ciudad -incluidos los colocados sin permiso en edificios catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC) que alimentaron la querella de la Fiscalía de Medio Ambiente contra el director del CAC e Invader por un presunto delito sobre el Patrimonio-, el caso ha pasado por diferentes fases de censura y esperpento. Durante este tiempo, hasta el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha pasado de defender abiertamente la colocación de los mosaicos en inmuebles protegidos por la Ley del Patrimonio Histórico Español a exigir a los propietarios que los retiren con su propio dinero en cuanto las cosas empezaron a ponerse feas.

La simpática noticia sobre el aterrizaje de Invader en Málaga comenzó a pixelar sonrisas en febrero de este año, cuando se supo que el ministerio público consideraba que los mosaicos fueron colocados sin consentimiento de los titulares de los edificios y después de que presuntamente el artista fuera invitado y previo concierto con el director del CAC, un museo de titularidad municipal. La relación entre ambos parece evidente. Así lo concluye el primer informe que se hizo al respecto. Nada más conocerse la aparición de los mosaicos, la Policía Local se puso manos a la obra al entender que podía existir un delito de daños. El dossier, iniciado el 22 de mayo y finalizado dos días más tarde, hila muy bien los acontecimientos. Las obras aparecen y los perfiles de redes sociales de los protagonistas hacen autobombo. Dan publicidad a las mismas y hasta publican la misma imagen en la que salen juntos en una casa en la que, según sus comentarios cruzados, hablaron de arte y cenaron ensalada frente una tabla periódica de los elementos químicos. El documento no desvela la identidad del artista, una de sus principales armas comerciales. Pero sí señala una de las vías para ponerle cara, nombre y apellidos. Documenta que el artista ha sido detenido en otras ciudades del mundo como Nueva York por motivos similares por los que se le investiga en Málaga, de lo que se deduce que una colaboración policial o judicial sería suficiente para enviarle una citación.

Si el informe policial se inicia nada más conocerse los hechos, este parece atascarse a partir del momento en el que se concluye el día 24 de mayo y llega al alto mando de la Policía Local. Según fuentes cercanas al caso, el documento no se pone inmediatamente en manos de los grupos de Policía Judicial de la Policía Nacional o Guardia Civil, como se hace sistemáticamente con casos en los que se investigan delitos de daños, contra el patrimonio o cualquiera que se escape a la competencia municipal. Preguntados por este asunto, desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento dan una respuesta que sugiere que el caso no tuvo la fluidez que debiera. Aseguran que, una vez terminado, la Policía Local lo envía al Área de Cultura del Ayuntamiento, cuyos responsables lo remiten el 29 de junio a los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por petición expresa de estos. Es decir, más de un mes después de que se concluyera, de que se conociera su existencia a través de los medios de comunicación, y no por iniciativa propia precisamente. ¿Por qué?

Otra gran incógnita, por la que al parecer el juez que investiga el caso muestra un gran interés, gira en torno al papel de las cámaras de videovigilancia que el Ayuntamiento gestiona en el centro de Málaga, algunas con muy buen tiro como para haber captado a quienes colocaron determinadas obras, como muestra la imagen que ilustra esta información. En este punto, el Ayuntamiento también es bastante parco. Apenas concede que las imágenes que hay también han sido entregadas al Seprona, «pero parece que no se ve nada». Otras fuentes consultadas por este diario confirman con ironía la versión municipal, ya que consideran que las escasas imágenes aportadas al Seprona corresponden a cámaras sin valor para la investigación.