El anuncio del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante el Debate del estado de la ciudad ya lo apuntaba y tras una reunión el pasado martes de la concejala de Limpieza, Teresa Porras, con los miembros del comité de empresa de Teresa PorrasLimasa. La concejala planteó la exigencia del alcalde y del equipo de gobierno que no es otra que, a cambio de municipalizar Limasa, la plantilla debería renunciar a que se aplique la sentencia judicial que ha fallado a favor de que los trabajadores recuperen los derechos económicos que habían sido recortados por la crisis, según ha confirmado el comité de empresa.

La primera respuesta del comité ha sido de rechazo absoluto. «Bajo ningún concepto», ha sido la primera reacción de los representantes de los trabajadores de Limasa.

En la reunión con los miembros del comité, la concejala Porras explicó que la idea es la de empezar «con una empresa nueva» y ello llevaría aparejado el «borrón y cuenta nueva» para que esta nueva Limasa empezase de cero, sin lastres. También el compromiso de negociar un convenio colectivo, igualmente nuevo.

Pago millonario

El alcalde ya lo avanzó y dio la clave en su intervención en el Debate del estado de la ciudad. De la Torre anunció que iba a proponer la municipalización total de Limasa avanzando varias razones para ello, siendo la última porque «pondrá fin a una espiral de pleitos que conviene poner a cero». Según la versión del comité, ese «poner a cero» no es otra cosa, tal como les explicó Teresa Porras y, especialmente, renunciando a que se haga efectiva la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que un reciente auto del Tribunal Supremo ha convertido en firme. De esta forma, los trabajadores deben recuperar los derechos económicos recogidos en el convenio colectivo de 2010 -que sigue vigente- la paga de productividad (1.431 euros), descansar todos los fines de semana, disfrutar las vacaciones en verano, poder trabajar los festivos que se pagan a 140 euros, percibir el complemento a cargo de la empresa en caso de hospitalización o incapacidad hasta alcanzar el 100% de la base reguladora, recibir un uniforme completo en invierno y otro en verano, la cesta de Navidad, valorada en 68 euros, e incluso recuperar los incrementos salariales.

Los efectos de la aplicación de esta sentencia sobre una plantilla de 1.800 personas, dado que además de los fijos hay que sumar a los eventuales y fijos discontinuos, supone un desembolso millonario, superior, según los primeros cálculos, a los 10 millones de euros. Según el comité, la concejala Teresa Porras ya les ha comunicado que la empresa no puede asumir esa cantidad.

Mientras tanto, la empresa quiere ganar tiempo y ha activado la demanda que tiene interpuesta en el juzgado de los Social número 12, que había quedado en suspenso a la espera de la decisión del Supremo. Una vez que el alto tribunal se ha pronunciado, los servicios jurídicos de Limasa han remitido un escrito a la titular del juzgado pidiéndole que se pronuncie sobre varios aspectos del convenio. La vista ya ha quedado fijada para el 17 de septiembre.