IU-Málaga para la Gente lleva a la comisión de pleno de Economía de este lunes una moción en la que pide el apoyo de los grupos para censurar al equipo de gobierno por «su opacidad, voluntad de ocultamiento, falta de transparencia y secretismo en los casos de los falsos autónomos y contratos externos con trabajadores en fraude de ley».

Se insta también en el texto de la moción al equipo de gobierno a dar cumplimiento a las mociones aprobadas para que se facilite a todos los grupos políticos una relación de todos los asuntos de Asesoría Jurídica, sentencias o litigios en los Juzgados de lo Social, resoluciones de la Seguridad Social y actas de inspección de Trabajo en áreas, organismos y empresas; a dar cumplimiento de los acuerdos adoptados por el pleno, en marzo de 2016, relativos a la realización de un informe sobre la contratación de falsos autónomos en el Consistorio, organismos autónomos, y las empresas municipales, por parte de la Secretaría General; así como en lo relativo a que se inicien los trámites para eliminar estos contratos y su regularización; por último, se solicita que, además del informe que el pleno acordó pedir a la Secretaría General y que aún no se ha realizado, se le pida también un estudio al interventor general sobre este tipo de contratos de falsos autónomos y contratos externos con trabajadores en fraude de ley.

Destaca el grupo que hace más de dos años denunció la existencia en distintas áreas municipales de más de 300 casos de falsos autónomos y contratos externos que enmascaraban situaciones de relaciones laborales de ese personal con el Consistorio. «Es un asunto enormemente grave, pues de esta forma el PP favorecía la explotación y precarización de los trabajadores que realizan su labor junto a empleados municipales, cobrando hasta la mitad del salario y con menos derechos. Y además podía favorecer casos de clientelismo y enchufismo», dicen.

Asimismo, advertían de que esos contratos en fraude de ley «suponían un gran quebranto a las arcas municipales, pues de prosperar las denuncias ante la Inspección de Trabajo y demandas judiciales interpuestas por sindicatos y trabajadores, el Ayuntamiento podría verse condenado a pagar sanciones administrativas (3.000 euros por cada caso comprobado), además de cuotas sociales atrasadas, indemnizaciones, etcétera...».

Recuerdan que el equipo de gobierno les acusó de mentir y alarmar, pero, pese a ello, empezaron a llegar una a una, primero las actas de la Inspección de Trabajo, después las resoluciones de la Seguridad Social y, finalmente, las sentencias de los juzgados de lo Social. «Hemos perdido ya la cuenta respecto a la sentencias judiciales, tanto de los llamados falsos autónomos como de los contratos externos fraudulentos en los que hay una cesión ilegal de trabajadores. Hasta el momento, sólo tenemos constancia de 14 sentencias que afectan a 16 falsos autónomos que deben ser bien readmitidos o bien indemnizados», explican. Además, habría una decena de trabajadores con contratos externos que han reclamado que su relación laboral es con el Ayuntamiento con sentencias a favor.

«Hemos confirmado que existen otros 22 casos de supuestos falsos autónomos o trabajadores externos en fraude de ley, sobre los que se ha abierto acta de inspección y que han derivado en litigios en los juzgados de lo Social, entre el Ayuntamiento de Málaga y el Ministerio de Empleo, pendientes aún de sentencia», declaran.

No conocen las cifras exactas «por la opacidad», por lo que reclaman que el Área de Personal y la Asesoría Jurídica informen en detalle de lo siguiente; actas de la Inspección de Trabajo y resoluciones de la Seguridad Social, denuncias presentadas por casos de falsos autónomos y contratos externos que enmascaran la relación laboral, y sentencias de los juzgados de lo Social indicando si la misma es firme o no y si, en consecuencia, se ha producido la readmisión o indemnización».

Destaca el grupo la situación de ocho auxiliares de biblioteca, que ya han denunciado al Consistorio, casos que se suman a los ya conocidos expedientes de infracción, agregan, respecto a la contratación de 14 falsos autónomos, durante la última década, para el servicio de Programas Europeos de la Gerencia de Urbanismo, que desarrollaban su labor en el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU).

Por tanto, esos 22 nuevos casos se suman a los del OMAU, pero podría haber, denuncian, decenas de ellos más, por lo que piden los informes reseñados.