El subdirector de Gestión de Tributos de Gestrisam ha comparecido hoy en la Comisión de Economía del Ayuntamiento a solicitud de IU-Málaga para la Gente, después de que el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, pusiera en cuestión la información de este periódico que aludía a que de más de 11.000 expedientes de infracción abiertos en la década 2006/2016, sólo se cobraron 18.

El alto funcionario ha señalado que sólo tratan de cobrar aquellas sanciones que la Gerencia Municipal de Urbanismo les carga en cuenta, esto es, en vía de apremio, ya que hay una etapa voluntaria que gestiona el departamento económico de la Gerencia. Así, ha explicado que, entre 2006 y 2017, con datos cerrados en la Contabilidad Municipal a 31 de diciembre pasado, Gestrisam recibió el encargo de tratar de cobrar 9,1 millones de euros, de los que finalmente sólo ha ingresado 2,4 millones.

Así, de esos 9,1 millones de euros, "por diferentes motivos se ha producido la anulación de la providencia de apremio de 5,1 millones de euros", ha dicho. En relación al resto, 4,1 millones de euros, se han recaudado efectivamente 2,4 millones de euros. A 31 de diciembre de 2017, quedaban pendientes de cobrar 1,7 millones de euros, de los 1,2 millones están en fase de embargo y 245.000 euros en procedimientos de aplazamientos y fraccionamientos. Este funcionario se ha ofrecido a detallar por escrito el número de expedientes y las cantidades por ejercicio.

"La información es transparente, se puede consultar en la liquidación anual y en la Contabilidad Municipal, que es la fuente que he usado", ha dicho.

Hace tan sólo dos semanas, se celebró la primera sesión de la comisión de investigación que trata de esclarecer si se dejaron caducar o no una parte importante de esos expedientes de infracción abiertos en la gerencia. Así, comparecieron los tres inspectores de obra del Ayuntamiento, que se quejaron de una carencia absoluta de medios materiales y humanos, de forma que denunciaron que su departamento pasó de tener ocho inspectores a tres en apenas unos años, de contar con programas de gestión obsoletos y falta de ordenadores. Eso sí, negaron que hubieran recibido presiones políticas para dejar caducar los expedientes y aseguraron desconocer si la reducción de medios había sido premeditada o no. De lo que sí se mostraron contentos es del protocolo establecido a raíz de las informaciones publicadas por este medio para priorizar, en función de un sistema de puntuación, cuáles son las obras más importantes a fiscalizar, estableciendo, por tanto, un orden de prelación que antes se dejaba a su propio criterio, como defendió Pomares que establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Tanto el alcalde como Pomares ya han dicho que van a estudiar cómo dotar de más medios materiales y humanos este departamento, aunque el regidor se despachó hace tan sólo unos días afirmando que, si se cumplieran las ordenanzas, no habría tantos miles de expedientes en Urbanismo.