Los grupos de la oposición lograron sacar ayer adelante, a propuesta de IU-Málaga para la Gente, una censura al equipo de gobierno por «su opacidad, voluntad de ocultamiento, falta de transparencia y secretismo en los casos de falsos autónomos y contratos externos con trabajadores en fraude de ley». El PSOE, IU-MpG, Málaga Ahora, el edil no adscrito Juan José Espinosa y Cs votaron a favor de la censura sumando siete sufragios, con los seis votos en contra del PP.
Se aprobaron por unanimidad los siguientes puntos: instar al equipo de gobierno a dar cumplimiento a las mociones aprobadas para que se facilite a todos los grupos políticos una relación de todos los asuntos de Asesoría Jurídica, sentencias o litigios en los juzgados de lo Social y actas de inspección de Trabajo en áreas, organismos y empresas y dar cumplimiento de los acuerdos adoptados por el pleno, en marzo de 2016, relativos a la realización de un informe sobre la contratación de falsos autónomos en el Consistorio, organismos autónomos y las empresas municipales, por parte de la Secretaría General, así como en lo relativo a que se inicien los trámites para eliminar estos contratos y su regularización. Se ha rechazado, por cierto, pedir un informe al interventor general sobre este tipo de contratos de falsos autónomos y contratos externos con trabajadores en fraude de ley.
El portavoz de IU-MpG, Eduardo Zorrilla, recordó que su grupo denunció, hace más de dos años, la existencia de más de 300 casos de falsos autónomos o contratos en fraude de ley en el Ayuntamiento y sus organismos autónomos y empresas, «nos parecía un asunto gravísimo, un fraude de ley», de forma que el Consistorio contrataba empleados de forma externa que hacían tareas municipales, pero «con la mitad del salario y muchos menos derechos, lo que fomenta el enchufismo y el clientelismo».
Además, dijo, si prosperan las demandas, el Ayuntamiento podría ser sancionado con 3.000 euros por caso, además de pagar indemnizaciones, salarios de tramitación, etcétera? «Ustedes nos acusaron de mentir, de crear alarma, y ahora, una a una, están llegando las actas de la Inspección de Trabajo, las resoluciones de la Seguridad Social y las sentencias de los juzgados de lo Social», dijo.
El edil de Economía, Hacienda y Personal y portavoz del PP, Carlos Conde, se mostró indignado con esta acusación y defendió que existe transparencia y que cualquiera de los ediles puede tener acceso a los expedientes de la Asesoría Jurídica, «no existen listados de falsos autónomos», señaló, sino «contratos de servicios» y un responsable municipal que vela por que todo se haga conforme a Derecho.
Destacó, asimismo, el concejal popular el chequeo exhaustivo que hacen el interventor y la Asesoría Jurídica de los pliegos de condiciones y el cumplimiento escrupuloso de las sentencias. «No hay aquí intención ni connivencia para hacer aquí a nadie fijo», dijo.
