De manera contundente, la anterior jefa jurídica del servicio de inspección de infracciones de la Gerencia de Urbanismo, Esther Sedano, describió ayer un escenario devastador sobre la gestión de los expedientes de infracciones urbanísticas y culpó directamente al actual concejal, Francisco Pomares, de «haber dejado morir» muchos expedientes por faltarle la firma de este responsable.
Sedano, que compareció en la comisión de investigación sobre los expedientes urbanísticos abiertos entre 2006 y 2016, respondió a las preguntas de los ediles, pero se ausentó cuando le tocaba el turno de pregunta al concejal de Urbanismo. A la pregunta de si se han dejado morir expedientes contestó: «Contundentemente, sí».
Sedano explicó que la falta de medios lleva a que muchos expedientes caduquen, «pues es imposible acometer el gran número de expedientes que nos llegan», pero además están los que caducan «por voluntad política, porque la firma del concejal no llega». Es lo que ella llamó «injerencia de un político».
Sedano, que fue jefa del servicio entre 2009 y 2016, fue cesada en marzo de ese año «porque incomodaba al equipo de gobierno de la Gerencia» y trasladada de manera forzosa al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), explicó que los responsables de Urbanismo trazaron un plan para «desmantelar» este servicio que se inició con el cese de la anterior jefa de departamento, Teresa Domingo, siguió con su cese y traslado y culminó con el desmantelamiento del servicio.
Servicio paralelo
«El servicio de inspección ha sido aniquilado, el cuadro de mandos que tenía, desmantelado; los siete jefes que había fueron cesados». El objetivo era «parar este servicio y esta era la única forma de hacerlo».
El origen de esta situación conflictiva está relacionado con el centenar de expedientes de infracción que la Gerencia de Urbanismo abrió en 2013 a vecinos de la urbanización Villas del Arenal por ampliaciones y reformas de sus viviendas, no autorizadas. Sedano, que junto a Teresa Domingo fue la responsable de poner en marcha esos expedientes, explicó que «con la llegada del nuevo concejal, Francisco Pomares» se modificaron los procedimientos. «Se creó un grupo especial sólo para llevar los expedientes de Villa del Arenal; era un servicio paralelo compuesto por personal ajeno al servicio de inspección y claramente irregular e ilegal. Con ello se hurtaban al servicio de inspección los expedientes de Villa del Arenal; se hizo para apartarnos a mí y otros jefes de este asunto».
A partir de ahí, Esther Sedano describió un verdadero calvario laboral y «personal» que le ha llevado a presentar tres demandas judiciales por su cese, por su traslado forzoso y por acoso laboral; las tres dirigidas contra la actual jefa del departamento de Licencias, Leonor Muñoz, contra el gerente de Urbanismo José Cardador, y contra el concejal, Francisco Pomares. La relativa a su cese ya ha sido fallada en su contra y las otras dos están en espera de juicio.
La segunda compareciente en la comisión fue la jefa del departamento de Licencias, Leonor Muñoz, que admitió que desde el principios tuvo «dificultades» con Esther Sedano». Desde el primer momento no tuve entendimiento, le pedía estadísticas para tener justificación y saber nuestro rango de mejora pero esto era un callejón sin salida». Sobre la «aniquilación» del departamento de inspección, Muñoz lo tachó de «falso». «Su intervención ha sido una fantasía», concluyó, no sin antes pedir a los grupos políticos que apoyen el trabajo de la Gerencia de Urbanismo, defendiendo al equipo y el trabajo que se lleva a cabo.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, justificó el cese de Sedano en «falta de confianza» por parte de un superior, en este caso de Leonor Muñoz, de hecho, recordó el escrito «firmado por el comité de empresa porque no había actitud ni ambiente para sacar el trabajo adelante».
Francisco Pomares leyó algunos extractos de la resolución judicial del TSJA que desestimó la demanda de Esher Sedano sobre su cese y sobre la modificación de las condiciones laborales. En la sentencia, el tribunal andaluz señala que el cese «no constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo» ya que se trata de un cese discrecional «de un cargo de libre designación por pérdida de confianza política».
