10 de julio de 2018
10.07.2018
Urbanismo

IU quiere esclarecer en la comisión de Urbanismo las responsabilidades políticas

Su portavoz afirma que detrás de los miles de expedientes sin resolver hay una mala gestión y tal vez "un presunto delito de prevaricación"

10.07.2018 | 05:00
Imagen de archivo del edificio central de la Gerencia de Urbanismo.

Esther Sedano pide que Pomares no esté en su comparecencia

  • En la segunda sesión de la comisión de investigación a celebrar hoy martes los grupos han pedido la comparecencia de Leonor Muñoz Pastrana, actual jefa de departamento de Licencias y Protección Urbanística, y de Esther Sedano Ramos, exjefa del servicio jurídico administrativo de inspección y conservación, que en 2015 fue trasladada al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). Su trasladó llevó a que Esther Sedano presentase varias demandas judiciales contra la propia Leonor Muñoz, contra el gerente de Urbanismo, José Cardador, y contra el concejal, Francisco Pomares, demandas que aún están por resolver. Sedano ha puesto estas demandas como argumento para pedir que en su comparecencia de hoy no estén presentes ninguno de estos tres directivos de Urbanismo. Sin embargo, el concejal Francisco Pomares le ha confirmado al presidente de la comisión de investigación, Alejandro Carballo, que sí asistirá, ya que es miembro de la misma. Por ello la presencia de Esther Sedano en la comisión está en el aire.

El grupo municipal de IU Málaga para la Gente «sospecha» que el hecho de que miles de expedientes urbanísticos estén pendientes de resolver o que la mayoría de ellos no cuenten con procedimiento sancionador «no es casual ni fruto de una mala gestión, sino que había directrices políticas» que podrían conducir a «un posible delito de prevaricación», señaló ayer el portavoz del grupo, Eduardo Zorrilla, en vísperas de la segunda sesión de la comisión de investigación que se celebra hoy martes.

«La disciplina urbanística no es asunto que esté a la discrecionalidad de los gobernantes, sino una obligación», afirmó Zorrilla, abogado de profesión.

Zorrilla dijo que «no cualquier ilegalidad administrativa, constituye una prevaricación» y que los jueces realizan una interpretación «restrictiva de este tipo delictivo».

Por ello, aprovecharán la comisión de investigación para recabar «explicaciones claras y suficiente de por qué estos expedientes no se han tramitado», y que si no les dan «una justificación razonable, podríamos pensar que ello podría constituir un delito de prevaricación». El concejal se preguntó por qué de los casi 12.000 expedientes de infracción abiertos entre 2006 y 2010 solo unos 2.000 tienen abierto un procedimiento sancionador o por qué en ese tramo de 2006 a 2011, más de 1.000 expedientes han sido archivados sin trámite alguno. «Son muchos los expedientes en los que habiéndose demostrado la existencia de una ilegalidad, han sido archivados sin trámite alguno, algo a lo que no damos explicación posible».

Para el portavoz de IU, los datos «son muy claros». «De los 11.834 expedientes de este periodo de 2006-2016, unos 8.500 siguen sin resolverlo que supone un 70 por ciento, mientras que unos 3.150 expedientes han sido resueltos y archivados aunque se ha comprobado la existencia de ilegalidad», subrayó.

Además, continuó, en los años 2006, 2007 y 2008, el porcentaje de expedientes en espera está rondando el 50 por ciento «llevando así más de diez años abiertos, enlazando esta situación de irregularidad con las declaraciones que hizo en su momento la que fuera responsable de este departamento, quien fue cesada contra su voluntad por el equipo de gobierno porque la obligaban a prevaricar y ella no quería».

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