11 de julio de 2018
11.07.2018
Impuestos

El Consistorio deja de cobrar 10 millones en plusvalías a pérdida por la falta de regulación

El Ayuntamiento dejó de exigir el impuesto, tras la sentencia del Constitucional en 2017, cuando los ciudadanos alegaran una pérdida de valor en la compraventa de la casa y ello significó que no percibió más de cinco millones en ese año y prevé una cifra similar para 2018, aunque una vez el Gobierno legisle al respecto revisará caso por caso

11.07.2018 | 05:00
Una obra en la capital de la Costa del Sol.

El Tribunal Supremo estableció este martes, en una sentencia, que las liquidaciones o autoliquidaciones por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IITNU), conocido como plusvalía municipal, podrán anularse solo cuando se haya probado por parte del contribuyente la existencia de un pérdida de valor. Este fallo es positivamente valorado por el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Carlos Conde, quien explicó ayer a este periódico que ahonda en la línea de la decisión del Tribunal Constitucional en mayo de 2017, y que declaraba inconstitucional parte de la regulación del impuesto. Tras conocerla, el Ayuntamiento dejó de cobrar de inmediato la plusvalías cuando estas eran a pérdida, lo que en 2017 supuso dejar de ingresar más de cinco millones de euros y se prevé una cantidad similar en 2018, lo que suma diez millones.

La causa de no haber percibido este dinero son en parte los fallos judiciales y la falta de regulación por parte del Gobierno en este sentido, ya que la idea del Ayuntamiento, explicó Conde, es revisar caso por caso una vez que exista una norma clara al respecto y ver si en esas transmisiones de casas existió una pérdida real de valor, algo que, por cierto, ahora tendrán que acreditar quienes han liquidado el impuesto con Gestrisam (y en toda España) alegando precisamente una minusvalía en la transacción.

Conde explicó ayer que el Ayuntamiento se curó en salud y, mejor que tener que pagar luego lo cobrado de más una vez que exista una norma al respecto, se optó por suspender el cobro. «Fuimos el primer ayuntamiento que, una vez se conoció la sentencia de 2017, que declaró inconstitucional una parte de la normativa, siguió liquidando el impuesto pero suspendió el cobro de la liquidación en la que el contribuyente decía había habido una minusvalía, por lo que protegimos el bolsillo de los malagueños y no quisimos agravar la situación de aquellos que se vieron forzados a vender las casas durante la crisis, en una situación que les obligó a hacerlo por debajo de su valor real de mercado», señaló.

Ahora, el Consistorio está a la espera de un cambio normativo estatal, que corresponde al Gobierno central y a las Cortes, ya que el Tribunal Constitucional fue el que «le puso los deberes» al legislador, y «se nos dirá cómo interpretar la situación de minusvalía».

La sentencia del Supremo aclara, en su opinión, la del Constitucional, ya que la redacción de la sentencia del órgano que interpreta la Constitución podía dar a entender que, cuando hubiera minusvalía en la venta de una casa, ni siquiera había que liquidar el impuesto.

Este impuesto lo ideó el PSOE, recordó, para financiar a los ayuntamientos españoles, «pero no acertó en su definición». «Nos hemos adelantados tratando de frenar el cobro», recalcó, aunque luego todas esas operaciones liquidadas en el impuesto pero no percibidas se «analizarán caso por caso después, conforme la norma nos diga, y pediremos las aclaraciones que tengamos que solicitar». De esta forma, luego no habrá que devolver casi nada si fuera el caso.

Así, explicó, las arcas municipales dejaron de ingresar cinco millones de euros en 2017, se trata de liquidaciones del impuesto ya efectuadas en las que los ciudadanos o las personas jurídicas (que son, según Conde, las más afectadas al tratarse de bancos o fondos de inversión que vendieron el stock de vivienda a pérdida tras la crisis) alegaron que la transacción fue a pérdida. Ahora, una vez que se legisle, se pedirá a esas personas o entidades que prueben efectivamente la minusvaloración del bien inmueble, lo que se puede hacer, aunque tampoco queda claro aún, con la escritura pública, aunque ello está pendiente de ser determinado. En ese grupo, habrá algunos que no podrán demostrar fehacientemente esa pérdida de valor y tendrán que pagar. «No sabemos si en todos los casos son minusvalías», dijo.

En 2018, por tanto, las previsiones de ingresos por el impuesto de plusvalía ya se hicieron pensando en esas personas o entidades que alegarían pérdida de valor del terreno, con lo que la suma cuyo cobro se suspende, según la estimación de Conde, es de en torno a otros cinco millones de euros, pero ocurre también que parte de ellos no podrán demostrar la venta a pérdida y deberán abonar el impuesto. «Hemos sido muy prudentes, se trata de dinero que está en el aire, digamos que se han congelado los derechos de cobro que tenemos», explicó el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, quien defiende que, una vez que haya una norma, se revisará caso por caso el global.

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