El Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga declaró hace unos días la complejidad del caso de la colocación de las cerámicas del artista francés Invader en varios edificios de la capital, entre ellos el Palacio del Obispo, considerado como Bien de Interés Cultural (BIC). Ello implica que, tras abrir diligencias previas en abril, ahora el fiscal de Medio Ambiente y el juez tendrán hasta un tope de 18 meses para poder aclarar lo sucedido y ver si, efectivamente, el creador y Fernando Francés, director del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) cometieron un supuesto delito contra el patrimonio.

Los veintinueve mosaicos del artista urbano fueron localizados a finales de mayo de 2017 en distintas calles y edificios del Centro Histórico de la capital, algunos de ellos catalogados como BIC como el Palacio Episcopal y el de Salinas (que ya los han retirado). Francés es investigado por invitar a Invader para realizar una futura exposición, que finalmente no se ha realizado, que el artista aprovechó para colocar sus marcianitos y flamencas.

Fuentes judiciales explicaron que la decisión de declarar compleja la causa se toma para extender el tiempo necesario las pesquisas e intentar que Invader declare como investigado, una vez que se le ha identificado y se conoce su domicilio en Francia. Ahora, habrá que enviar una comisión rogatoria y, cuando llegue a un juzgado francés, se le citará para que declare en Málaga. Por cierto, la defensa de Fernando Francés ha recurrido el auto en el que se declara la complejidad de la causa. Este declaró durante más de una hora el 11 de junio como investigado y, según su letrado, Fernando Taboada, negó los hechos. El letrado confió en que todo acabe derivando en un asunto administrativo y no penal, como ocurre ahora.

El fiscal pidió el 18 de junio la retirada de los mosaicos, ya que el hecho de que permanezcan no afecta a la investigación y además se restablece el orden jurídico perturbado. El acusador público ha dirigido un informe al instructor en el que mantiene que no es necesaria la realización de diligencia de investigación o prueba alguna sobre los mosaicos, fuera de los ya existentes, y pese a que la Junta de Andalucía las solicitó.

Para el fiscal, ya existe «un detallado» atestado elaborado por el Seprona de la Guardia Civil, por lo que dio el visto bueno a la retirada de los mosaicos.

El ministerio público entiende que los mosaicos fueron colocados sin consentimiento de los titulares de los edificios después de que presuntamente el artista fuera invitado y previo concierto con el director del CAC. El juez, por su parte, ha solicitado a la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía que emita un informe sobre diversos aspectos, entre ellos, el coste de restauración de los edificios afectados.

Unos días antes, el instructor tomó declaración a los afectados, que pudieron aportar presupuesto o factura de daños y perjuicios. El proceso continúa avanzando.