Los empresarios que regentan el restaurante de los Baños del Carmen solicitaron hace unos meses la prórroga de la concesión durante 15 años, una cuestión que debería resolverse a finales de mes. Sin embargo, la Junta de Andalucía baraja, según fuentes consultadas, como vía más factible sacar a concurso público la concesión y permitir a los privados que sigan con su negocio hasta que no se resuelva el contencioso-administrativo sobre la transmisión de acciones de la antigua sociedad a la actual, que está ahora sobre la mesa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Málaga suspendió en junio de 2016 cautelarmente la resolución de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta en la que esta declaraba no válida la transmisión de acciones, efectuada el 30 de septiembre de 2014, de la Sociedad Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen a los actuales concesionarios. La Administración autonómica adujo, para declarar la nulidad de esa transmisión, que no se le había comunicado previamente esta operación jurídica, e instaba a Costas a que resolviera el expediente de rescate de las concesiones, lo que hubiera supuesto que finalizara la actividad empresarial que los empresarios desarrollan en el restaurante desde hace tres años y medio. Los empresarios recurrieron y la Junta rechazó su recurso en vía administrativa, y luego interpusieron un recurso contencioso-administrativo que estimó la Sala malagueña. Los empresarios adujeron que esa decisión les supondría un perjuicio insuperable, pues le llevaría al cierre, la falta de liquidez e insolvencia. Así lo vio el TSJA, que permitió seguir con la actividad a los privados hasta que tome una decisión definitiva al respecto.

«La Sala valora la finalidad de las medidas cautelares de asegurar la eficacia de la sentencia que en su día pueda dictarse, así como el perjuicio que pudiera seguirse de la ejecución del acto impugnado -que pudiera conllevar la desaparición de la actividad, de las fuentes de financiación, de los puestos de trabajo y de la entidad recurrente- podría tener un carácter irreversible, ya que, si se estimara el recurso, se impedirá a la recurrente llevar a cabo su actividad en ese periodo», dijeron los magistrados.

Por tanto, la Junta no va a pedirles a los empresarios que entreguen las llaves a finales de julio, cuando expira la concesión, sino que el planteamiento más factible es esperar a que se resuelva el tema judicial y sacar a concurso público Pero hay más proyectos para el enclave. Por un lado, está la actuación que Costas tiene previsto ejecutar en la playa de poniente, consistente en poner un espigón junto al tranvía y otro más pequeño cerca del balneario, así como hacer un aporte de arena de 80.000 metros cúbicos. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno explicaron ayer que actualmente se está tramitando por el trámite ordinario el documento ambiental y el proyecto, que redacta ahora la Universidad de Cádiz. Después del verano, explicaron las fuentes, saldrá a información pública para quien esté interesado pueda aportar alegaciones y, en base a las mismas, a lo que determine el estudio ambiental y al deseo de la ciudad, se ejecutará el proyecto tal y como estaba, con alteraciones importantes o con pequeñas mejoras, señalaron. Luego, deberá ir a la Dirección General de Calidad Ambiental, que decidirá si se aprueba o no.

En cuanto a la obra terrestre, un proyecto de 2010, lo que está previsto, señalaron, es hacer un parque marítimo, ampliando el acerado, ejecutando nuevos accesos a la playa de levante y un paseo interior blando que discurriría tras el edificio y hasta Pedregalejo. Además, se eliminarían los eucaliptos enfermos que hay en la acera, aunque es posible salvar el bosque de estos árboles. De hecho, Costas ha mantenido ya contactos con el Ayuntamiento en este sentido para ver si hay un acuerdo.

Pese a ello, Costas, según fuentes de la Subdelegación, comunicó en marzo a la Junta de Andalucía que, para hacer la obra en esa zona, la instalación futura que afecta al balneario y al restaurante no podría exceder los 1.500 o 1.800 metros cuadrados, y ahora la concesión ocupa 33.000 metros cuadrados. Sin embargo, Costas no quiere invadir competencias de otra administración y actuará conforme la Junta resuelva: es decir, la extinción de esos 33.000 metros cuadrados de concesión o su reducción a 1.500/1.800 (con condiciones). En este último caso, podría adaptarse el proyecto. «Estamos a lo que diga la Junta sobre el título de concesión», explicaron.