Pasquale Cotena tiene 61 años y es italiano, aunque reside en Málaga desde principios de la pasada década. De hecho, está casado con una malagueña, María Teresa Marín, con la que tiene un hijo de 15 años y una hija de cinco. Está enfermo del corazón y se le concedió la incapacidad permanente, de forma que puede trabajar pero siempre en trabajos adaptados a su situación. Además, cuida a su madre, de 82 años, que padece alzheimer, y su familia depende de su sueldo como vigilante en un parking de un hotel. Sus jefes lo aprecian y su vida, según explica su pareja, consiste en llevar a los niños a la escuela, cuidar a su progenitora y trabajar. Pero Pasquale puede decir, a quien quiera escucharle, que un error de hace muchos años lo persigue. De hecho, está en la cárcel desde el pasado lunes. Su familia pide justicia.
Pasquale, explica su mujer, «trató de pasar droga desde Marruecos» a finales de 2001, un error en el que no ha vuelto a caer. Luego vino a Málaga y rehizo su vida con esta vecina de la capital. Así pasó un tiempo y nació su primer hijo. «Después de cinco años nos enteramos de que lo buscan en Italia, él tenía aquí trabajo fijo, pero lo deja y va a su país, a cumplir un año y medio de cárcel, vuelve, justifica su arraigo aquí y lleva una vida completamente normal».
La condena, ya firme por parte de un tribunal italiano, fue de cinco años, de los que le quedan por cumplir seis meses y cinco días, pero recurrentemente Italia lo ha venido reclamando, incluso pese a que él pidió un indulto.
La pesadilla siguió, cuando pensaban que ya todo estaba solucionado. «Hace 30 meses, estaba bajando el perro y se presentaron dos policías secretos y se lo llevan; él la vida que lleva es traer a los niños del colegio y estaba tramitando la incapacidad total permanente. Además, le habían dado varias anginas de pecho. Tiene cuatro cateterismos y tres stent por una cardiopatía», explica Maite Marín. Al final, fue llevado a Madrid, porque una Orden Europea de Detención cursada por Italia lo reclamaba para cumplir allí el resto de pena que le quedaba, seis meses y cinco días, pero la Audiencia Nacional decidió no entregarlo pero sí falló para que cumpliera en España esa pena, que en el país transalpino hubiera supuesto sólo 45 días para acceder después al tercer grado. El juez le retiró el pasaporte y le hizo firmar cada 15 días, además de dejarlo en libertad provisional.
Volvió a Málaga y durante los últimos treinta meses ha firmado cada 15 días, «siempre estamos con susto, nos beneficia que ese tema no se mueva. Y él encima está malo del corazón, es un sinvivir. Y ya lo peor es que el 1 de julio pasado va a firmar y se queda detenido, cuando ya cumplió un año y medio en Italia, con un indulto concedido de tres años, le quedan seis meses y cinco días; podría perder la incapacidad, la pensión, y ahora tiene un trabajo adaptado a su minusvalía, pero está en la cárcel», explica su esposa. En su trabajo, sus jefes han escrito cartas alabando su profesionalidad y su buen hacer profesional y esperan que vuelva pronto, porque nadie como él conoce su empleo. Además, la familia perdería este sustento, porque él había dejado de cobrar el desempleo, superior en cuantía a la exigua pensión de 500 euros por la incapacidad y la inyección económica mensual proviene, al menos ahora, de ese trabajo estival en el hotel como vigilante.
Lo que no entiende la familia es por qué no se le ha concedido directamente el tercer grado con el poco tiempo que le queda por cumplir. Sus abogados han recurrido la resolución de la Audiencia Nacional que reconocía la sentencia italiana y obligaba a que fuera cumplida en España, así como también se ha solicitado la suspensión de la ejecución de la condena. «Puede perder el trabajo, tiene a su madre, le podían haber dado ya el tercer grado después de diecisiete año», dice su mujer mientras enseña los papeles que demuestran la veracidad de su historia.
Su fin es que le den ya el tercer grado y no pasar otros dos meses en prisión. «La idea que inspiró la institución de la suspensión de la pena que no es otra que, en la gran mayoría de los casos, la persona que comete una infracción penal por primera vez y que es condenado a un pena privativa de libertad, no vea transformada y destruida su vida, siendo que en la mayoría de los casos, y habida cuenta del clima y la realidad existente en las cárceles, se vea más perjudicada que beneficiada», dice su abogado.
