«A veces tengo que subir a cuatro patas las escaleras. Aquí se ha muerto gente sin salir en los dos últimos años de su vida», recuerda María Gracia Romero. Esta melillense de 82 años y con las dos caderas operadas vive desde 1969 en el número 33 de la avenida de Andalucía, un edificio de cuatro plantas sin ascensor y 16 viviendas, construido por una cooperativa de trabajadores de la Renfe.

La estafa de un promotor obligó a los cooperativistas a dejar el bloque en cuatro plantas y no en las cinco previstas, para ahorrar, «porque entonces, con cinco plantas el ascensor era obligatorio», cuenta su hijo Rubén Cortés, presidente de la comunidad de propietarios.

Ha pasado casi medio siglo, el hueco del elevador está hecho desde entonces y muchos de los vecinos ya superan los 80 años y necesitan de forma urgente un ascensor.

Como explica Rubén Cortés, para instalar el ascensor cuentan con el visto bueno de tres de las cuatro partes implicadas, entre propietarios e inquilinos de algunos locales del bloque.

Sin embargo, falta la conformidad del inquilino de un local comercial de 100 metros cuadrados, que perdería dos metros con la obra de adaptación.

Fachada del bloque, en el número 33 de la avenida de Andalucía.

«Los dos metros son un arranque de escalera al fondo del local. La indemnización que le daríamos incluiría la reconstrucción de la escalera; las obras se harían en 7 o 10 días, trabajando sábados y domingos y el fin de semana le pondríamos hasta vigilante al local», señala Francisco Antúnez, vicepresidente de la comunidad.

«Una señora del segundo, al no ver una solución inmediata, se ha ido a una residencia de ancianos; en el primero hay una mujer de cerca de 90 años que hace un año que no baja a la calle y también hay una vecina con alzheimer, que necesita dos personas para tirar de ella», recuerda Rubén Cortés, que señala que la comunidad lleva unos cuatro años tratando de convencer a este inquilino. «Nos dijo que el edificio estaba así, que él no tenía culpa y que su negocio era su negocio».

Ante la negativa, la comunidad decidió demandarlo, pero los vecinos tuvieron que pagar 7.000 euros de costas por defecto de forma.

Como destaca el presidente, «la intención no es fastidiar a nadie, el principal motivo es proveer de ascensor a este portal. Me pongo en el lugar de mi madre o de un vecino que hasta el último momento estuvo subiendo y bajando las escaleras con muletas. Me duele porque prácticamente son de la familia».

Rubén Cortés y Francisco Antúnez, en uno de los dos portales vecinos que sí tienen ascensor.

Rubén Cortés, que señala que dos de los tres portales que conforman el bloque no han tenido problemas en instalar ascensor, salvo el suyo, recuerda que tanto la ley de accesibilidad como la próxima llegada de la ITE respaldan la instalación del elevador.

Ante la negativa, la comunidad ha llegado a ofrecer al inquilino la fachada del bloque y la terraza para la publicidad de su local.

«No queremos vernos obligados a meternos en juicio, sólo le pedimos una solución pactada y cierta empatía con sus vecinos, muchos de ellos mayores», reclama Rubén Cortés. De momento, siguen sin ascensor por solo dos metros cuadrados.