El director del informe anual Observatorio de la Actividad de la Justicia de Wolters Kluwer España y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Enrique López, aseguró ayer que «es perentoria desde hace muchos años una reestructuración de los recursos», ya que, apuntó, «tenemos una redistribución irregular de los efectivos judiciales». Además, también abogó por una modificación del modelo de la planta judicial.

El Colegio de Abogados de Málaga acogió ayer la presentación de dicho estudio, en la que han participado, además de López; el decano, Francisco Javier Lara; la presidenta de la editorial, Rosalina Díaz; y el exministro de Justicia Rafael Catalá.

López dijo que «al final, la conclusión siempre es la misma, la perentoria necesidad de acabar con nuestro modelo de planta judicial basado en partidos judiciales y necesidades por habitantes e ir a un modelo de tribunales de instancia y de una mejor organización de los recursos humanos». «Llevar los juzgados a donde hay conflictos, no los conflictos a donde hay juzgados», apuntó.

Así, explicó que este informe, que utiliza datos de 2016 del Consejo General del Poder Judicial, expone una serie de indicadores como la carga de trabajo de los juzgados, los magistrados y jueces necesarios, sentencias dictadas, confirmación de resoluciones, la duración razonable de los procesos o la ejecución de las sentencias.

El responsable del estudio señaló que de los datos se puede extraer que «el aumento del número de jueces por sí mismo no estimula al alza la calidad de la justicia», indicando que hay «una mala redistribución de los efectivos judiciales teniendo en cuenta que están marcados por una vieja ley de planta que establece el criterio de juez en relación con habitantes».

López explicó que en 2008, cuando se publicó este estudio por primera vez, en España había una plantilla de 4.674 jueces, mientras que en 2016 la cifra ascendía a 5.692 jueces. Por el contrario, en 2008 existía una entrada de 9.048.785 asuntos anuales, en 2014 descendió a 8.300.000 asuntos y en 2016 a 5.800.000 asuntos. No obstante, para poder compararla con las anteriores, hay que tener en cuenta los asuntos penales que ya no se registran porque ya no suponen carga de trabajo.

Insistió en afrontar «una reestructuración de la planta judicial que obedezca a una España en la que las grandes urbes no dejan de crecer y, por el contrario, los pequeños pueblos y muchas provincias están perdiendo población; no podemos soslayar que la concentración humana, en sí misma considerada, genera una mayor litigiosidad», señaló.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Málaga ha centrado su intervención en la situación de las sedes judiciales de la provincia. Tras apuntar que Málaga capital, Ronda, Coín, Vélez Málaga y Antequera (aunque este último partido judicial no afecte al Colegio malagueño) cuentan con instalaciones adecuadas, aunque puedan ser mejorables en algunas cuestiones, Lara puso de manifiesto la necesidad de mejorar las sedes judiciales de Torremolinos, Fuengirola, Marbella, Estepona y Torrox, que presentan «graves problemas» por la dispersión, climatización, seguridad, accesibilidad o limpieza.

En este sentido, el decano recordó que el Colegio tiene en marcha una campaña para concienciar a todos los operadores jurídicos y a la sociedad civil de la necesidad de mejorar y dignificar las sedes en que se administra Justicia en la provincia.