La Policía Nacional investiga en Málaga y Granada a 21 empresas (13 sociedades limitadas y 8 razones sociales a nombre de varios administradores) por presuntamente defraudar a la Seguridad Social más de dos millones de euros al dar de alta a los trabajadores en los sectores de actividades artísticas, restauración y actividades de los gimnasios. Entre los implicados (ocho detenidos y 5 investigados) se encuentran los empresarios y administradores de las empresas, varios de ellos utilizados como simples testaferros, a los que atribuyen los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, delito contra la seguridad social y frustración de la ejecución.

La operación comenzó a principios de año, tras recibir los agentes un informe de la Tesorería General de la Seguridad Social que daba cuenta de las actuaciones presuntamente delictivas realizadas por una serie de empresarios relacionados con varias orquestas y grupos musicales. "A sus integrantes se les daba de alta en la Seguridad Social como trabajadores de diferentes empresas durante cortos espacios de tiempo comprendidos entre cinco, seis o siete meses, con el fin de no generar deudas muy altas con dicho organismo público para no ser detectados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva (URE) encargadas de perseguir el fraude a la Seguridad Social", han explicado desde la Comisaría Provincial de Málaga. Pasado el corto periodo de tiempo, los daban de baja como trabajadores de la empresa para posteriormente volver a darlos de alta en una nueva sociedad gestionada o dirigida por la propia organización criminal.

Dado el alto número de movimientos de trabajadores llevados a cabo en las distintas mercantiles, concretamente 1.287, las deudas generadas eran muy importantes, por lo que decidieron crear nuevas empresas en la provincia de Málaga para dar de alta a los trabajadores. Dicha forma de actuar no tenía otra misión que la de dificultar el seguimiento de los expedientes administrativos llevados a cabo por las URE para el cobro de las cuotas no abonadas, ya que al cambiar de dirección provincial la responsabilidad de la investigación recaía sobre otra URE, según la policía. La forma de actuar de la organización era la de mantener algunas empresas sin deudas con la Seguridad Social, con las que contrataban con los distintos Ayuntamientos y entes locales de la provincia de Granada las orquestas o grupos musicales encargados de amenizar las fiestas patronales. A su vez, estas empresas simulaban una subcontratación con las mercantiles en las que estaban dados de alta los trabajadores y que no abonaban las cuotas de seguros sociales, a las que les facturaban distintas cantidades de dinero.

En estas actuaciones no se abonaban los seguros sociales de los trabajadores y permitían a la organización competir en situación de manifiesta desigualdad y superioridad con el resto de empresas del sector, que sí abonaban los impuestos correspondientes. A pesar de haberles sido comunicados los expedientes de apremio llevados a cabo sobre cada una de las empresas deudoras, poco o nada hicieron para minorar, abonar o negociar las mismas, como tampoco consta que contestasen a ninguna de las solicitudes de requerimiento de bienes del deudor solicitadas por las propias URE.