05 de agosto de 2018
05.08.2018
Construcción

El 68% de los demandantes de vivienda social en Málaga gana menos de 600 euros al mes

En Málaga hay inscritas 12.114 personas que solicitan en estos momentos un espacio habitacional, siendo el 54% mujeres

05.08.2018 | 05:00
Imagen de archivo de la construcción de VPO en la zona de Soliva de la capital malagueña.

La provincia sintetiza la falta de este tipo de pisos en un contexto que se ve agravado por un mercado de alquiler al alza

­No pasa un día sin el que estas personas no clamen por una expansión en la construcción de viviendas sociales. El sueño de un piso en propiedad ya ni se les pasa por la cabeza. En la provincia de Málaga, hay inscritos en estos momentos 12.114 personas que se encuentran a la espera de obtener una vivienda social. El 68% de estos demandantes no ingresa más de 538 euros al mes. Una cantidad que los sitúa, según el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), como personas en máximo riesgo de padecer exclusión social. Eso, según la fría teoría de los números. En la práctica, estas personas ya experimentan lo que es vivir al margen de la sociedad. Saben en primera persona lo que significa quedarse atrás y consumir los días sin visos de mejora. Si hubiera que determinar el perfil tipo del demandante malagueño que aspira a una vivienda social sería el siguiente: mujer con ingresos muy limitados con menos de 35 años.

Así, al menos, lo indican los últimos datos extraídos de los registros de demandantes de vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Lógicamente, por tamaño, la capital se coloca en el número uno del ranking dentro de la provincia. En estos momentos, hay 6.638 inscritos que están por debajo de los 35 años. En la otra punta, en el apartado de mayores o iguales de 65 años, hay inscritas 826 personas a la espera de una vivienda social. En total, en Málaga capital, hay ahora mismo unos 9.286 inscritos activos que buscan una casa. A la capital le sigue Torremolinos, donde hay en estos momentos 554 personas por debajo de los 35 años a la espera de una vivienda social. Unos 751 con menos de 50 años, 240 menores de 65 años y 66 que superan el último tramo de edad. En tercer lugar, aparece Estepona, con cerca de 1.000 inscritos.

La construcción de vivienda protegida fue la gran víctima de la recesión y los recortes presupuestarios, pero sigue hundiéndose a pesar de la supuesta recuperación económica. En la provincia de Málaga, según Rafael Arredondo, doctor en la Investigación e Intervención Social y Comunitaria por la UMA, además de miembro Observatorio de la Vivienda en Andalucía en representación del Colegio Andaluz de Trabajadores Sociales, «la construcción de vivienda social es inexistente».

En este contexto, cabe establecer la diferencia entre las viviendas de protección oficial, mejor conocidas como VPO, y las viviendas con fines sociales. En el primer caso, se están proyectando varias promociones en estos momentos. Las grúas en la zona de Huelin, en el paseo marítimo de Antonio Banderas pertenecen a una. Otro ejemplo es la promoción de VPO que se va a levantar en la zona de Martiricos, justo en frente de la escuela de idiomas. A pesar de ser VPO, Arredondo confirma que este tipo de viviendas sigue estando fuera del rango de las personas inscritas como demandantes de vivienda social: «Con 538 euros al mes, algunos con menos todavía, no se puede aspirar ni a una VPO. Es imposible»

Según sexos, como ya se ha mencionado, hay más mujeres que hombres inscritos. Aunque la diferencia no es tan acentuada como en otras demandas de este tipo. En la totalidad de la provincia, el 54% de los demandantes son mujeres frente al 46% de hombres. En la capital, es el 56% frente al 44%. Para Arredondo, aquí entra en juego un factor sociológico que tiene que ver con el pudor que tienen los hombres para inscribirse en este tipo de listas. «Me atrevería a decir casi con seguridad que a los hombres les cuesta más inscribirse como demandantes de vivienda social. Tenemos más asumidos que sean mujeres quienes soliciten este tipo de ayudas», explica el experto.

La Junta de Andalucía está obligada a llevar este tipo de registro que es el resultado de la suma de datos que suministran los diferentes ayuntamientos. Arredondo explica que el objetivo para el que fue pensado este registro es, precisamente, tener un control de la demanda y desarrollar en base a ella políticas activas para fomentar la construcción de este tipo de viviendas. Algo que, según Arredondo, «no se está cumpliendo en estos momentos». Más allá de la falta de construcción activa de este tipo de viviendas, Arredondo también lamenta el enfoque erróneo con el que se ha afrontado este asunto. «Lo que tradicionalmente se ha hecho, ha sido construir este tipo de vivienda en zonas muy concretas, provocando una concentración masiva de personas con pocos recursos», aduce Arredondo a la creación de pequeños «guetos de pobreza».

Para el trabajador social, una política de vivienda debe perseguir, al mismo tiempo, la inserción social. «Esto se consigue construyendo viviendas sociales en zonas residenciales, alternando, por ejemplo, tres bloques de viviendas de uso comercial con un bloque de viviendas de tipo social. «El ejemplo claro lo tenemos en la Palma-Palmilla. Ahí estaríamos hablando de vivienda social pura y dura. En el caso de las nuevas viviendas que se están proyectando en frente de la Escuela de Idiomas, estamos ante un caso de VPO tradicional», reseña.

En este sentido, siguiendo una política de inserción social como la entiende Arredondo, esta nueva promoción de viviendas debía contemplar también una fase destinada a la vivienda social. Habitualmente, la política de vivienda se convierte en arma arrojadiza entre las distintas instituciones. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, siempre defiende que el Ayuntamiento no tiene las competencias sobre este asunto, y que, a pesar de ello, ya hace un esfuerzo en esta materia. Para Arredondo, el panorama, ya de por sí complejo, se ha vuelto todavía más oscuro con el encarecimiento del alquiler. «Si ya es complicado encontrar una vivienda en alquiler para una persona con rentas superiores, para estas personas es imposible», sentencia Redondo.

¿Cómo se sitúa la provincia de Málaga en comparación con el resto de las provincias andaluzas? A día de hoy, ocupa el tercer puesto en la comparativa regional, por detrás de Cádiz (18.506) y Sevilla (17.385).

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