­El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, considera que la Administración central deberá afrontar cualquier eventual coste que pudiera derivarse de las medidas que se apliquen para reequilibrar el número de vehículos de alquiler con conductor (VTC) y los del taxi. Así lo aseguró ayer, mostrándose, no obstante, a la espera de conocer la modificación normativa que el Gobierno central prepara para el mes de septiembre.

En declaraciones sobre este asunto, el consejero explicó que «aunque la situación no la ha provocado el actual gobierno central, debe ser el Estado el que con su capacidad normativa lo solucione». Y eso, de una manera en la que no se traspase este conflicto a las comunidades. En este sentido, instó a analizar el decreto que prepara el Ejecutivo nacional y conocer qué medidas va a incluir para ir acercándose al objetivo de que la ratio entre licencias de VTC y taxi sea de una por cada treinta.

López, que asistió el pasado miércoles a la reunión en Madrid para abordar este asunto con el Gobierno central, apuntó que, a pesar de que la Junta y otras comunidades han negado las licencias a VTC cuando se superó dicha ratio, con «la interpretación de la normativa por parte de la Justicia, por la vía contenciosa-administrativa se han otorgado muchas de estas licencias».

Así, indicó que Andalucía está dispuesta a «arrimar el hombro» con lo que haga falta, como, por ejemplo, una mayor labor inspectora. En esta misma idea ya hizo hincapié el miércoles porque «desde Andalucía se quiere ser copartícipes y corresponsables» en la búsqueda de las soluciones más adecuadas y eficaces para el «justo equilibrio» entre ambos sectores del transporte. Cabe recordar que el sector del taxi sí defiende un traspaso de competencias a las comunidades.