Responsables de la Casa Invisible y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, tienen previsto reunirse el próximo lunes, 13 de agosto, para abordar la situación del inmueble, que puede ser desalojado, después de que se haya cumplido ya el primer plazo de 15 días dado por el Ayuntamiento para que abandonen el inmueble, de titularidad municipal, y que funciona como centro cultural de gestión ciudadana.

Desde La Casa Invisible informaron ayer de que esperan «como mínimo» que «se garantice la paralización del desalojo y se retome el diálogo». Amanda Romero, del equipo jurídico, insistió en que «el desalojo es ilegal», recordando que el procedimiento administrativo seguido para acordarlo es el de recuperación de oficio para inmuebles usurpados, «situación que no se corresponde con la de La Casa Invisible, pues la cesión del espacio se regularizó en 2011».

«El Ayuntamiento acude a la vía menos garantista para evitar la intervención judicial, ya que de seguir el procedimiento legalmente establecido se vería obligado a solicitar una autorización judicial para ejecutar el desalojo», criticó. De igual modo, afirmó que la próxima reunión con el regidor lo ven como «una oportunidad», asegurando, además, que desde el colectivo «se espera, como primer pasa para alcanzar una solución, que se abandone la vía del desalojo y la falta de diálogo».

«El primer compromiso para llegar a un entendimiento es que se garantice la paralización del desalojo», dijo, al tiempo que añadió que la reunión «es una oportunidad que se abre para resolver la situación de manera dialogada».

También La Casa Invisible entiende que, a partir de este encuentro, la Alcaldía «tiene en sus manos la posibilidad de hacer frente a la cesión del inmueble, para que así se pueda iniciar la rehabilitación del edificio y la regularización de las actividades».

En relación con los argumentos técnicos aducidos por el alcalde, referentes «a la supuesta falta de seguridad del inmueble», Eduardo Serrano, uno de los arquitectos de La Invisible, recordó que ya el pasado mes de marzo se le remitió al gobierno la Inspección Técnica de Edificios (ITE), cuyos resultados fueron «tajantes».