La mayor parte de las empresas que se declararon en proceso concursal entre enero y junio de 2018 en la provincia de Málaga, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por este periódico, operan en los sectores de la construcción y el comercio y su volumen de negocio es inferior a los 250.000 euros por año, lo que confirma una realidad ampliamente conocida: el tejido empresarial malagueño está compuesto en gran proporción por pequeñas y medianas empresas.

Así, según el universo estadístico del INE, en términos absolutos los procedimientos concursales que se ventilan en los dos juzgados malagueños de lo Mercantil crecieron hasta los 55 expedientes en el primer semestre del ejercicio frente a los 53 registraron en el mismo periodo de tiempo de 2017, lo que deja meridianamente claro que la resaca de la crisis económica, aun cuando los expertos hablan de una incipiente recuperación económica, sigue afectando de lleno al tejido societario más débil.

Esto también vale para las personas físicas, es decir, las familias, que desde 2004 pueden acogerse al proceso concursal para reducir sus deudas, algo que ocurre con relativa frecuencia en otras provincias pero que en Málaga provoca muchas reticencias. Sólo el 14,5% del total de procedimientos concursales decretados en el primer semestre del año fueron instados por familias con el agua hasta el cuello (ocho), frente a las diez del año pasado.

Pese a todo, ahora estas familias tienen más garantías a la hora de afrontar este proceso, ya que aunque existe la posibilidad de que se acojan al mismo desde 2004, la entrada en vigor de la Ley de Segunda Oportunidad ha permitido la implantación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.

Estas familias fueron víctimas de la crisis, azotadas por el paro. Una vez agotadas las ayudas y aún haciendo frente al sobreendeudamiento habitual de la época de la crisis económica (debido a las letras hipotecarias, por la pérdida de sus negocios o por el uso de tarjetas bancarias), finalmente acabaron declarándose en suspensión de pagos al no poder hacer frente a sus obligaciones. Para que estas familias puedan acogerse al concurso, no puede obrarse con dolo, ni tener antecedentes penales por determinados delitos contra el patrimonio, la seguridad de los trabajadores o tributarios. Así, la persona afectada debería haber ido a un acuerdo extrajudicial de pagos con el fin de negociar el débito (algo no necesario, pero conveniente). Si no se llega a pacto alguno con los acreedores, se produce el concurso y la liquidación de las deudas con los bienes. Si continúa debiéndose algo, el afectado quedaría exonerado del pago.

En cuanto a las empresas, de los 55 concursos, 12, el 21,2%, fueron instados por constructoras y 11, el 20%, por empresas radicadas en el sector de comercio. En el primero de los casos, este indicador baja de forma espectacular, desde las 32 suspensiones de pagos del primer semestre de 2017, lo que confirma que las empresas del sector de la construcción están alcanzando los números que manejaban antes de la crisis (hasta 2007) y que la obra pública y, sobre todo, las nuevas viviendas se han reactivado, algo vital para la economía malagueña, escasamente diversificada y que, pese a los esfuerzos institucionales, depende en su mayor parte del músculo del ladrillo y del sector turístico. En el caso del comercio, se produce una levísima subida interanual, de ocho a once expedientes. El resto de los principales sectores económicos productivos son el industrial, con tres suspensiones de pagos entre enero y junio, el hostelero, con cuatro, y el de las inmobiliarias, las entidades financieras o de seguros, con dos. Es curioso que, siendo los sectores agrarios y pesquero tan importantes en la Costa del Sol, ninguna empresa que opera en estos sectores se declaró en proceso concursal, lo mismo que, por cierto, ocurrió en el mismo periodo del pasado ejercicio. La tipología de estas empresas es una fotografía exacta del perfil medio societario de la provincia: trece de las empresas que se declararon en concurso en el primer semestre del año facturan menos de 250.000 euros al año, siete entre esa cantidad y medio millón de euros; en cuatro de los casos el volumen de negocio oscila entre el medio millón y el millón de euros y una está en la horquilla que va de los dos a los cinco millones de euros. Hay otra cuyo volumen de negocio se sitúa entre los cinco y los diez.