10 de septiembre de 2018
10.09.2018
Incertidumbre

Más de 60.000 británicos están amenazados por las consecuencias de un brexit duro

Si la Unión Europea y el Reino Unido no llegan a acuerdos específicos, perderían la cobertura sanitaria y tendrían que pedir permisos de residencia

10.09.2018 | 05:00
Británicos almorzando y paseando en Málaga.

El 29 de marzo, fecha definitiva para que Londres salga de la UE

  • Londres y Bruselas deben alcanzar un acuerdo antes de la cumbre europea del 18 y 19 de octubre para poder organizar el divorcio, pero las negociaciones no avanzan. La fecha definitiva de salida es el próximo 29 de marzo.

Un escenario de ruptura traumática multiplica las posibilidades de un retorno masivo al Reino Unido

­A lo mejor, hubiera sido una buena idea escucharles a ellos. Sólo en la Costa del Sol residen unos 65.000 británicos que ahora afrontan un futuro a corto plazo cargado de incertidumbre. En marzo, se producirá la desvinculación definitiva entre la Unión Europa y el Reino Unido para formalizar el brexit. A día de hoy, no existe ningún acuerdo para una separación «pacífica» y los intereses cruzados tienen empantanadas unas negociaciones que hacen cada vez más probable un escenario de ruptura a las bravas: el referido como ´brexit duro´. La semana pasada, el Gobierno británico de Theresa May publicó por primera vez un informe técnico en el que se especifican las consecuencias de un brexit sin acuerdo. Las 25 páginas que componen el informe se leen como un cuento de terror para cualquier británico residente que ha decidido establecer su vida en la Costa del Sol. Riesgo de dejar de percibir las pensiones.
Encarecimiento de transacciones bancarias y del uso de tarjetas de crédito. Falta de validez del carnet de conducir para circular en España. Y, por encima de todo, una preocupación que afecta a una población que supera la edad media de los 60 años: el riesgo de perder la cobertura sanitaria.

De materializarse un divorcio sin acuerdo, la situación idílica que viven muchos británicos en la Costa del Sol, con pensiones muy superiores a las que percibe el español medio, podría cambiar de la noche a la mañana. Hasta el punto de que Mario Blanke, el alcalde de Alcaucín, el municipio con más residentes británicos de la provincia, no duda en presagiar una especie de éxodo forzado: «Nadie sabe muy bien lo que va a pasar. La incertidumbre es total, pero de concretarse los puntos que se abordan en el informe, está claro que muchos residentes se verían obligados a retornar». El gran atractivo para los británicos, explica, está en la combinación entre un buen clima y la garantía de una cobertura que blinda todas las necesidades básicas.

En el apartado sanitario, los británicos ahora mismo están cubiertos en la Costa del Sol, al ser reconocido el sistema sanitario británico (NHS) como uno más que forma parte del acuerdo global entre los países de la Unión Europea. En el caso de requerirse una atención, el SAS atiende al paciente y luego pasa la factura al NHS, que la salda la deuda a través de la correspondiente transferencia. Hace años que la Junta de Andalucía, como el resto de comunidades autónomas, ha agravado el control para poner fin al fenómeno del turismo sanitario.

Ricardo Bocanegra, abogado experto en Extranjería, con una abultada experiencia de más de 30 años trabajando en la Costa del Sol, confirma que la situación para los británicos afincados en la provincia cambiaría de manera drástica. Bocanegra insiste en que las consecuencias que expone a continuación sólo hay que contemplarlas en el «hipotético caso de un brexit sin acuerdo». De entrada, según Bocanegra, el ciudadano británico sería tratado como cualquier otro de un país tercero, que no pertenece a la Unión Europea. «Eso significa que te sellan tu pasaporte en el aeropuerto y a partir de la fecha de entrada se disponen de 90 días por semestre. Cualquier estancia superior a ese margen, ya es una ilegalidad». Para los residentes con propiedades, la única manera de disfrutar de sus casas pasa, inevitablemente, por la solicitud de un permiso de residencia en España. «Como lo tiene que hacer un ciudadano ruso o senegalés, por ejemplo. Volveríamos a la situación previa al Tratado de Maastricht», añade Bocanegra.

«Hablamos de un proceso que requiere mucha burocracia. Hay que demostrar la propiedad de una casa, mostrar un certificado de antecedentes penales y tener un seguro privado. Igual que los ciudadanos no comunitarios», añade, además de subrayar un elemento fundamental: «Al convertirse en residentes, también se convierten en residentes fiscales, y se gravan sus pensiones».

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