10 de septiembre de 2018
10.09.2018
Tribunales

La oficina para recuperar bienes del crimen organizado sólo abre 12 expedientes en Málaga

La ORGA, creada por el Gobierno en 2015 para localizar y gestionar ganancias blanqueadas por los delitos más graves y ayudar así a los juzgados, únicamente ha iniciado dos investigaciones para localizar bienes y diez para gestionarlos en dos años de vida

10.09.2018 | 05:00
Un automóvil de lujo intervenido en una operación contra la mafia irlandesa en la Costa del Sol en 2010.

La formación, esencial

  • El aprendizaje es fundamental para localizar bienes objeto del blanqueo de capitales. «Se ha de tener en consideración que se ha tenido que trabajar con la información que facilitan las numerosas bases de datos y los informes recibidos de oficinas extranjeras». Por ello, reconoce el departamento en la memoria, ha sido fundamental formar a los policías judiciales adscritos.

­Fue una de las promesas estrella del Gobierno de Mariano Rajoy en 2015: la creación de una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) que auxiliara a las fiscalías y a los juzgados y tribunales de todo el país para localizar bienes procedentes del crimen organizado, es decir, de la comisión de delitos que van desde el narcotráfico a la corrupción, pasando por las macroestafas, los ilícitos fiscales, el blanqueo de capitales, el contrabando, la trata de seres humanos o, incluso, la seguridad vial. Echó a andar a finales de 2015, el primer año efectivo de vida (2016) logró unos resultados modestos y, aunque los de 2017 son mejores, está claro que aún falta mucho para que este órgano esté a la altura de lo que se espera de él. Así, sólo ha abierto 12 expedientes en la provincia en sus dos primeros años de vida, dos para localizar activos y diez para gestionarlos (la gestión hasta que se resuelve el proceso judicial y se inyecta en el Estado o va a parar a la víctima o para programas contra la drogadicción y similares).

Cuando nació, el Ejecutivo de Rajoy estaba acosado por los numerosos casos de corrupción del partido (Gürtel o las apariciones estelares de Bárcenas, entre otros), algo que le ha acabado costando la Presidencia del Gobierno, pero parece que la ORGA no ha sido una prioridad para los poderes públicos. Por cierto, en la orilla socialista, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, prometió una Oficina contra el Fraude Fiscal y la Corrupción, con la que fue a las elecciones de 2015, pero hasta hoy, no hay nada de nada. También se lanzó esta promesa a la opinión pública cuando el caso de los ERE y otros estaban apretando seriamente a algunos de los exdirigentes del PSOE andaluz.

A ello se suma la falta de medios y el poco tiempo que lleva funcionando la oficina. El primer año, lo dedicó el órgano a darse a conocer a los jueces, fiscales y tribunales del país, a asistir sus representantes a foros nacionales e internacionales y a empezar a funcionar para generar unos protocolos de localización y gestión de bienes. En 2017, la cosa ha ido mejor con la adscripción de algunos miembros de la Policía Judicial y de una unidad administrativa formada por personal de justicia. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los juzgados también localizan y gestionan estos activos procedentes de delitos de diversa naturaleza y que el ORGA viene a complementar esa labor, por lo menos de momento, aunque los números crecerán mucho en los próximos años. Además, el órgano actúa a petición de jueces y fiscales en su mayor parte (se denominan encomiendas los encargos de trabajo), así como a solicitud de otros organismos oficiales con competencias en la materia.

La idea que sustentó su nacimiento es que el proceso penal español se ha dirigido en demasía a castigar a quienes cometían delitos (corrupción, narcotráfico, etcétera...), es decir, a meterlos en la cárcel y punto, y, sin embargo, no se perseguía quitarles el dinero ni los bienes que habían acumulado las bandas organizadas de criminales, por lo que, una vez al salir de prisión, podían disfrutar de ellos con tranquilidad. Esa visión cambió, precisamente, con la operación Nécora contra el narcotráfico gallego, y en los sucesivos golpes, de forma que a mediados de los noventa comenzó a legislarse sobre el blanqueo de capitales y a imponer fuertes multas y responsabilidades civiles en los diferentes procesos. El caso Malaya, por ejemplo, respondió a una investigación que puso, por encima de todo, determinar qué bienes tenían los investigados y comprobar si estos se podían explicar con los ingresos legales accesibles en los registros públicos de Hacienda, la Seguridad Social, etcétera... Finalmente, se demostró un éxito este enfoque policial. Y así hasta hoy, aunque la batalla por lograr que las propiedades y el dinero procedentes del delito reviertan en las víctimas y el Estado sigue adelante y continúa siendo muy compleja.

Activos

Así, en materia de localización de activos, el incremento de expedientes entre 2016 y 2017 ha sido de lo más destacable en el país, reconocen los responsables en la memoria del año pasado, hecha pública en 2018. «Se ha pasado de ocho expedientes admitidos con 31 personas investigadas a 22 con 229 personas», dice la ORGA en la memoria, es decir, se han triplicado los expedientes y septuplicado los individuos investigados.

Los bienes localizados a efectos de embargo o decomiso se elevan a 911, primando por orden de importancia las cuentas bancarias y productos financieros, seguidos de los vehículos y los inmuebles.

Estas pesquisas son sumamente complejas y la primera fase comporta el registro (digital o no) de bases de datos fiscales o laborales. Muchas de las propiedades están a nombre de terceros, los archiconocidos testaferros, o de sociedades pantalla que, como un juego de muñecas rusas, pueden multiplicarse hasta el infinito y llevar a los investigadores hasta diferentes paraísos fiscales.

En cuanto a los expedientes para gestionar los bienes, se ha pasado en todo el país de 62 en 2016 a 155 en 2017. «Es importante recordar que los órganos judiciales no tienen la obligación de encomendar la gestión de los efectos judiciales a la ORGA, sino que pueden optar por realizarla directamente o a través de entidades especializadas», dice la oficina. El saldo en euros de la cuenta de depósitos y consignaciones de la ORGA asciende a casi 19 millones de euros y los ingresos por venta de bienes (una vez localizados y siempre bajo control judicial) han subido de los 19.300 euros recabados en 2016 a los2,1 millones de euros de 2017. Se ha vendido de todo a través de diferentes métodos (subastas y otros): vehículos, embarcaciones, textil y calzado, hidrocarburos, electrodomésticos, productos electrónicos, maquinaria, gestión de billetes de Lotería, inmuebles, obras de arte, joyas, móviles y equipos informáticos.

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