El grupo de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Málaga ha presentado en la última comisión informativa una propuesta para ampliar la plantilla de arquitectos y arquitectos técnicos del área de Urbanismo ante las críticas que ha recibido de varios alcaldes de municipios pequeños por los plazos que tienen que esperar para que desde la entidad supramunicipal se les vise y aprueben tanto obras públicas como privadas. El portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Gonzalo Sichar, aseguró ayer que «es competencia de las diputaciones atender las necesidades de los municipios de menos de 20.000 habitantes en una materia tan importante para el desarrollo económico y poblacional como es el urbanismo».

Por ello, dejó claro que «no podemos consentir, con los medios técnicos actuales, que se den casos en los que la concesión de una licencia de obra menor para un vecino se demore más de seis meses». En concreto, dijo Sichar, existen localidades como Montecorto, Serrato, Cartajima, Faraján, Júzcar, Parauta y Salares que apenas tienen personal municipal que se encargue de estas tareas. El 27 % de los municipios de Málaga comparten trabajadores en las áreas de Intervención y Secretaría General del Ayuntamiento, una medida que, «en nuestra opinión, debe trasladarse al área de Urbanismo para reducir estos retrasos tan acuciantes», explicó.

«Se da la circunstancia de que, sin arquitecto ni arquitecto técnico, la redacción de un proyecto de interés público como puede ser el arreglo de un vial de acceso al municipio, un centro social o un ambulatorio, puede tardar más de un año en aprobarse y realizarse», lamentó el portavoz de Cs en la Diputación.

Sichar incidió en que esta demanda la realizan «para cubrir todas las necesidades de los pueblos de menos de 20.000 habitantes, porque creemos que Málaga no puede ser un territorio que avance a dos velocidades: con vecinos que ven como sus colegios, sus espacios públicos e incluso sus reformas en viviendas se ejecutan en meses y otros deben esperar años para conseguirlo».

Asimismo, como solución, Sichar propuso dotar a la Delegación de Fomento e Infraestructuras de personal cualificado «suficiente (arquitectos, aparejadores e ingenieros) para garantizar la asistencia».

«Se trata de algo más que una reclamación moral; es una obligación. La Ley de Autonomía Local de Andalucía obliga a ayudar a los municipios que demanden asistencia en materia urbanística», concluyó.