La ordenanza de Convivencia Ciudadana irá próximamente a comisión de Pleno del Ayuntamiento de Málaga para que se apruebe su modificación, que hasta ahora incluye dos apartados: la prohibición de la publicidad sexista o machista en la ciudad y del mercadeo y el acoso a los clientes por parte de vendedores, y que los primeros compren productos, en los alrededores de las tiendas de segunda mano.

Los grupos municipales tenían hasta ayer para presentar sus alegaciones, y el PSOE ha presentado esta mañana, en rueda de prensa, las suyas, con novedades importantes. Para empezar, el portavoz municipal de los socialistas malagueños, Daniel Pérez, ha pedido que se prohíba ejercer la prostitución en la calle, algo que iría en consonancia con los actuales postulados sobre este fenómeno en el Gobierno de Pedro Sánchez, que se plantea y la posibilidad de prohibirla en todo el Estado, lo que genera fuerte controversia entre diversos sectores afectados, porque hay quien defiende su legalización.

Pérez quiere que ello se lleve a cabo antes de abolirla, aunque el debate entre las organizaciones de trabajadoras del sexo, los sindicatos, los partidos y las organizaciones que defienden la dignidad de las mujeres frente al machismo están muy encontradas. El problema es, ¿cuántas de las personas que ejercen la prostitución lo hacen de motu propio y cuántas porque son víctimas de trata?

El artículo propuesto por el PSOE dice así: «Queda terminantemente prohibida la prostitución, entendiéndose esta como solicitud, negociación o aceptación, directa o indirectamente, de servicios sexuales retribuidos, en cualquier espacio de la ciudad. Estos servicios deberán ser sancionados en la figura de clientes y proxenetas».

Además, el párrafo que prohíbe las prácticas sexuales en la vía pública, siempre y cuando afecten a la convivencia ciudadana, queda igual en la propuesta de los socialistas. «Entendiéndose que estas afectan a la convivencia ciudadana cuando se lleven a cabo en espacios situados a menos de 200 metros de centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales o de cualquier otro lugar en el que se realicen actividades comerciales o empresariales», señalan en sus alegaciones.

Esta sería una medida que, a juicio de Pérez, «supone una defensa férrea de los derechos de las mujeres. No podemos seguir aceptando que se utilice el cuerpo con un fin mercantilista, como ocurre con la prostitución. Por eso es necesario que el Ayuntamiento legisle sobre una cuestión que genera además constantes problemas de convivencia allí donde tiene lugar».

El dirigente socialista ofreció datos relativos a la prostitución que, de acuerdo con estudios, se ven obligadas a ejercer unas 40 millones de personas en el mundo, un 75 por ciento de ellas con edades comprendidas entre los 13 y 25 años. En nuestro país, prosigue, el Gobierno central ha estimado en unas 14.000 el número de personas que podrían estar ejerciendo la prostitución, aunque se estima que podría alcanzar el triple. «Son cifras escandalosas, más aún cuando un 80% de ellas lo hace de manera obligada, algo completamente intolerable». «Por todo ello Málaga no puede quedar rezagada por más tiempo. Debe actuarse de manera inmediata siguiendo la estela que han marcado otros municipios como Sevilla o Bilbao, cuyas normativas han ofrecido resultados muy satisfactorios». Una medida que debe ir acompañada, según recoge, de la imposición de sanciones económicas tanto a proxenetas como a usuarios de la prostitución.

En el caso de la normativa hispalense se pone el acento en la persecución de cualquier actividad sexual en vía pública en la que medie cualquier tipo de retribución. Una reglamentación, aprobada en 2011, que se ha ido progresivamente endureciendo tras la prohibición en todo el municipio de cualquier tipo de cartelería relacionada con estas prácticas. «Hay que acabar con una actividad bajo la que subyace una forma de explotación sexual de cualquier persona», dijo.