El edil no adscrito del Ayuntamiento de Málaga Juan José Espinosa, adscrito a Podemos, ha presentado una moción para la próxima Comisión de Ordenación de Territorio, que se celebra a las nueve de la mañana del próximo miércoles, en la que pide al Consistorio que ponga fin al acoso inmobiliario que están sufriendo los vecinos del número 62 de la calle Victoria, una vez que su inmueble fue adquirido por un fondo de inversión.

Esa adquisición se habría traducido, siempre según el concejal, «en la no renovación de contratos a inquilinos y en un total abandono de las tareas de mantenimiento y conservación del edificio, generando cada vez más problemas a los inquilinos, en su mayoría mayores». «Este abandono se trata a todas luces de una situación de acoso inmobiliario y ha sido denunciado a Urbanismo por parte de los inquilinos sin que se haya tomado ninguna medida al respecto», precisa en la moción el concejal no adscrito.

Así, exige en el documento a Urbanismo que tome las medidas pertinentes en materia de inspección para determinar la situación del edificio situado en la calle Victoria 62 (bloque tres), emprendiendo las acciones previstas para que los «propietarios asuman las tareas de mantenimiento y conservación del inmueble y tomando las medidas sancionadoras necesarias en caso de que no asuman dicha responsabilidad o puedan estar incurriendo en un caso de acoso inmobiliario hacia los inquilinos».

Pero la moción no se circunscribe únicamente a este asunto, sino que pide a los servicios jurídicos municipales que elaboren un detallado informe sobre los instrumentos jurídicos disponibles para el Ayuntamiento que permitan sancionar comportamientos especulativos y prácticas de acoso por parte de los propietarios, así como también propone que se incorpore a la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda un servicio de información y asesoría jurídica gratuita destinada a quienes sufran acoso inmobiliario o situaciones de abuso o vulneración de derechos por parte de sus propietarios.

Reclama al Consistorio que ponga en marcha, como se aprobó en junio de 2017 sin que haya llevado a cabo, la creación de un protocolo a seguir que permita agilizar la inspección, seguimiento y sanción, si fuera el caso, ante estas situaciones, así como que se ponga en marcha una campaña informativa pública, utilizando todos los canales de difusión disponibles, sobre los derechos de los inquilinos y las vías existentes para denunciar situaciones de acoso inmobiliario o abusos.

Recuerda Espinosa que ya se han dado varios casos a lo largo de los últimos años como los sucedidos en calle Mariscal, calle Los Negros o en distintas arterias del Perchel. Este sistema se está extendiendo como una estrategia habitual por los dueños para acelerar la salida de los vecinos.