El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha puesto al Ayuntamiento de Málaga, al igual que hizo recientemente también la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), como ejemplo de Administración local que practica una fiscalidad solidaria. De hecho, ha pedido a los consistorios mayores de 20.000 personas y a las diputaciones andaluzas que no embarguen a quienes no tienen ingresos y deben el pago de impuestos municipales. Málaga, de hecho, desarrolló en 2015 la política de no embargar a familias en riesgo de exclusión social y se sacó de la manga un registro de insolvencia provisional, explicó ayer el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Carlos Conde, quien se mostró muy satisfecho por las palabras de las dos instituciones.

Conde señaló que, si una familia tiene una deuda fiscal con el Consistorio, la ley obliga a la Administración a embargar los bienes realizables de la persona afectada (cuentas bancarias, vehículos o casas). «Hay cada vez más personas sin ingresos. Estamos satisfechos por el reconocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz porque pone en valor el trabajo que hizo hace dos años el Ayuntamiento a través de Gestrisam», señaló.

Destacó que al embargarse una cuenta, por ejemplo, se congela la misma, se traba, en términos financieros, por lo que la familia no puede acceder al cobro de la pensión por la deuda de cualquier impuesto que se tenga. Se ha dado el caso de que se han embargado cuentas en las que una familia recibe la pensión o el desempleo, tal vez su único sustento. «Lo que hemos hecho es colocarnos en medio de la deuda y el deudor», indicó, de forma que se ha creado un registro de insolvencia provisional en el que pueden inscribirse, por petición propia o de parte (el propio Ayuntamiento), los afectados, que deben ser deudores y sus ingresos estar por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Una vez que ello ocurre, se paraliza el apremio de pago y, por tanto, no se embarga la cuenta. Una vez que la familia se ha recuperado, lo que monitoriza continuamente Gestrisam, la deuda congelada vuelve a estar pendiente. «Es una fiscalidad moderada y solidaria», explicó.

Actualmente, hay 364 familias inscritas en el registro y el montante que deben asciende a 550.000 euros.