Los hoteleros españoles han vuelto a manifestar su rechazo a los cambios que proponen algunas enmiendas incorporadas en el Congreso sobre el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual al considerar que éstas favorecen a las entidades de gestión, como la SGAE, AIE, o AGEDI, y perjudica al sector hotelero que como usuarios tienen que soportar precios "abusivos y discriminatorios" por tener el hecho de tener televisión gratuita o música ambiente en las zonas comunes.

En un comunicado, la Confederación Española de Hoteleros y Alojamientos Turísticos (CEHAT) incide en la "preocupación e indignación" de todas las asociaciones que componen la organización, causadas por las enmiendas consensuadas por los partidos PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, y exigen que las entidades de gestión estén obligadas a negociar los precios con el sector y, a falta de acuerdo, que sea un tercero imparcial, independiente y especializado en la materia el encargado de decidir el precio a aplicar.

En este sentido, en la nota enviada la Confederación explica que los hoteles pagan unas tarifas por derechos de televisión o por tener música ambiental en zonas comunes, de las que los huéspedes no están al tanto y añadían que estas tasas han sido en muchas ocasiones "abusivas y arbitrarias" por el sector hotelero que vio con buenos ojos la aprobación de una ley de Propiedad Intelectual en el año 2014, que introducía criterios de equidad así como la creación de una Comisión que dirimiera las cuestiones relativas a los derechos y su cuantificación.

Los hoteleros denuncian ahora que "sin comprobar el funcionamiento del nuevo sistema" los grupos parlamentarios han decidido modificarlo "cediendo ante el poderoso 'lobby' de las entidades de gestión" y sin preocuparse por conocer la opinión de las empresas turísticas.

En su opinión estas enmiendas "debilitan el ya de por si frágil mecanismo de control de esos precios que se había aprobado recientemente". Según la patronal hotelera, se ha demostrado que las entidades de gestión han abusado de su poder en el mercado para imponer precios "abusivos y discriminatorios".