El juicio que debe dilucidar el presente y también el futuro laboral de Limasafuturo laboral de Limasa ha quedado visto para sentencia este mediodía en el juzgado de lo Social 12. Una vez aclarado por sentencias anteriores que el único convenio colectivo vigente es el firmado para 2010/12, la jueza deberá decidir ahora si se deben incorporar también, como parte de ese convenio, los cuatro acuerdos parciales firmados entre la empresa y los representantes de la plantilla en febrero de 2012, marzo de 2013, diciembre de 2013 y marzo de 2016. Esta es la tesis que defiende la empresa y su abogado que en la vista oral de hoy ha alegado que dichos acuerdos tienen "eficacia de convenio" y además vienen aplicándose "sin conflicto", algunos desde hace 7 años "¿Ahora 7 años después de estar aplicándose vamos a decir que no valen?"

Por contra los trabajadores, que rechazan que dichos acuerdos parciales deban tenerse en cuenta, han insistido por medio de sus abogados en un argumento que consideran clave: "son cosas juzgada" y desestimadas por sentencias anteriores que han considerado que los mismos no tienen rango de convenio, en especial la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que en su fallo de julio de 2016 fija que el "unico convenio vigente" es el de 2010/2012.

La decisión que tome la jueza del 12 determinará las obligaciones económicas que deba asumir la empresa con la plantilla. Si desestima la demanda de la empresa y fija el convenio de 2010 -sin los acuerdos posteriores- como único vigente a aplicar en la práctica significará la obligación de devolver a la plantilla (1.800 entre fijos y eventuales) los derechos laborales que habían sido recortados en los años posteriores, especialmente la paga de productividad de 1.431 euros y las subidas salariales. Estaríamos hablando, según cálculos aproximados del comité de empresa, de entre 10.000 y 12.000 euros de devolución media por trabajador.

Tras el juicio, el presidente del comité de empresa de Limasa, Manuel Belmonte, ha mostrado su esperanza de que las pretensiones de la empresa sean desestimadas y significó: "Estamos abiertos para seguir negociando y llegar a un acuerdo, pero siempre respetando los acuerdos anteriores, lo que significa que nos tienen que reponer los recortes eliminados y reconocer que hay una deuda con la plantilla. El contador no se va a poner a cero, hay una deuda con los trabajadores que deben solventar".