El portavoz socialista, Daniel Pérez, insistió ayer en la «gravedad» de las pruebas «sobre las presuntas irregularidades cometidas en el seno de la Gerencia de Urbanismo, según denuncia. Asimismo, anunció que están estudiando las acciones legales que emprenderán y apuntó que podría haberse incurrido en hasta cinco presuntos delitos como serían prevaricación, falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho impropio y estafa procesal.

Por ello, afirmó que ante esto el alcalde, Francisco de la Torre, tiene dos opciones: «Cesar a los concejales Teresa Porras y Teresa PorrasFrancisco Pomares, como aprobó el pleno, o esperar a que sea la justicia la que actúe».

Pérez está convencido de que «demostramos que en este ente municipal no sólo se miraba hacia otro lado sino que, presuntamente, se ponían en práctica otros métodos para intentar y, habitualmente, lograr que múltiples expedientes por infracciones urbanísticas prescribieran, caducaran o sencillamente no se llegaran a incoar».

Pérez desveló en el pleno que el grupo socialista «dispone de pantallazos de la base de datos de la Gerencia de Urbanismo relativos a un expediente «que al pasar al servicio B, esto es, vio como perdían parte de la información original, y también acabaron caducando o prescribiendo y por tanto salían impolutas desde el punto de vista judicial, un servicio creado 'ex profeso' para que los expedientes caducaran y prescribieran».

Asegura también que disponen «de expedientes a los que se les habría eliminado parte de la información original con el objetivo de borrar cualquier rastro ante una supuesta prevaricación». «Los hemos cotejado respecto a los originales y queda demostrado que faltan hojas y conscientemente se han vuelto a foliar».