Los controles que realizan las administraciones públicas han originado la retirada de un total de 5.889 prestaciones no contributivas a malagueños entre los años 2011 y 2017, a una media de unas 840 al año, tras la revisión de sus ingresos y la constatación de que superaban los límites establecidos para poder beneficiarse de esta paga, según el informe de gestión de ese periodo que maneja el Imserso, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Las pensiones no contributivas, cuya competencia está transferida a las comunidades autónomas y que en el caso de Andalucía gestiona la Junta, son aquellas que la Seguridad Social ofrece, previa solicitud, a las personas mayores de 65 años que no han cotizado nunca o que lo han hecho de forma insuficiente para poder solicitar una pensión contributiva y a las personas entre 18 y 65 años afectadas por una discapacidad o por una enfermedad crónica, en un grado igual o superior al 65%.
La mayoría de las pensiones anuladas con los controles eran prestaciones por jubilación, 3.236, junto a otras 2.653 por invalidez que también fueron retiradas. Los datos del Imserso reflejan que sólo en este pasado 2017 se dejaron de abonar 752 prestaciones a malagueños que rebasaron la renta permitida. También se modificó la cuantía de la pensión a más de un millar, ya sea para bajarla o para subirla, al registrarse cambios en el nivel de ingresos del beneficiario dentro del margen admitido.
En la provincia de Málaga hay casi 13.100 jubilados que cobran esta paga y otros 8.179 personas que reciben una prestación no contributiva por invalidez, lo que da un total de 21.278 pensiones no contributivas, con los datos de agosto de este 2018. De esta forma, las pensiones que se anulan suponen en todo caso un peso muy reducido (menos del 4%).
Las cuantías de las prestaciones, por otro lado, son bastante reducidas (la pensión media por jubilación está en 371 euros al mes en la provincia y la de invalidez, en 399, según la estadística de agosto). La Junta de Andalucía las complementa con una paga única anual que, en este año 2018, ha ascendido a 125,50 euros por perceptor.
Para poder recibir una pensión no contributiva, no obstante, es preciso acreditar que no se supera un determinado nivel de ingresos. En el caso de las pensiones de jubilación, los ingresos del beneficiario no deben superar los 5.321,4 euros anuales. Si convive con más personas en el hogar, el límite se amplía y puede llegar a un máximo de 50.553 euros por unidad familiar al año en el caso de que viva con sus hijos o padres y sean más de cuatro las personas en la casa.
Control administrativo
Aunque de entrada cumplan estos requisitos y accedan a una pensión no contributiva, el Gobierno controla periódicamente los ingresos de los beneficiarios a través de la información recibida de las direcciones territoriales del Imserso y de los órganos competentes de las comunidades autónomas (gestoras de las prestaciones no contributivas) y puede modificar las cuantías o retirar la paga si se superan los baremos de renta establecidos.
Las administraciones tienen dos vías para revisar estas pensiones. Por un lado, los pensionistas están obligados a presentar en el primer trimestre de cada año una declaración de ingresos personales y de los demás miembros de la unidad familiar, tanto referidos al año anterior y los previstos para ese ejercicio. Desde la administración se verifica la documentación cruzándola con sus bases de datos. Si el beneficiario incumple su obligación de presentar la declaración de ingresos se le suspende cautelarmente la paga.
El otro sistema de control es a través de revisiones de oficio y a instancias de parte. Se actúa cuando se sospecha que han cambiado las circunstancias del pensionista, que por ley está obligado a comunicar en el plazo de un mes cualquier cambio en su renta.
Como resultado de estos dos mecanismos de control, la Seguridad Social puede retirar la prestación si comprueba que se supera el tope legal de ingresos. Así, en los últimos siete años, tras realizar las revisiones ordinarias, se retiró la prestación a 1.544 malagueños, que se sumaron a los 4.345 que se quedaron sin la paga tras las inspecciones de oficio realizadas por la Seguridad Social.
Desde el Colegio de Graduados Sociales de Málaga, José Almirón, uno de los vocales de la Junta de Gobierno, explica a este periódico que los beneficiarios de las pensiones no contributivas deben de comunicar a la Junta de Andalucía cualquier cambio que se produzca en la situación económica de la unidad familiar. Esta comunicación evitaría reclamaciones posteriores por cobros indebidos, modificación de la pensión, o incluso la extinción.
«Es posible que exista algún ingreso nuevo, caso de un alquiler, un rendimiento de cualquier tipo o alguna prestación pública diferente que se esté cobrando, por ejemplo una pensión de viudedad», comenta. Según Almirón, hay beneficiarios que no cumplen este trámite, «ya sea por desconocimiento, olvido o en algunos casos, por si cuela el seguir cobrando, aunque se sepa que por sus ingresos ya no les corresponde». El representante colegial recuerda que estas personas, en el caso de que se les retire la pensión, se enfrentan además a la obligación de devolver lo indebidamente cobrado.
Extinción por fallecimiento
Superar los niveles de renta establecidos no es, sin embargo, la única razón para retirar la paga no contributiva. Así, en estos últimos siete años se anularon unas 4.800 pensiones no contributivas de jubilación o invalidez en Málaga tras constatar que el beneficiario había fallecido, la mayoría a raíz de las inspecciones administrativas de oficio e instancia de parte.
De todas las comprobaciones que se practicaron en este periodo, entre el 80% y el 90% de los casos dan como resultado el mantenimiento de la pensión sin cambios. Solo entre el 2% y el 9% de las inspecciones acaba en la supresión de la paga y en otro 7%-12% de los casos se modifica su cuantía al registrarse cambios en el nivel de ingresos del beneficiario.
