El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga disparó en 2017 los gastos sin respaldo presupuestario, lo que obligó a la Intervención municipal a elevar los reparos legales a que esta obligado por ley. El último pleno de septiembre dio cuenta de estos reparos y de las resoluciones emitidas por el alcalde para levantarlos.
El caso es que pese a que en 2017 se señalaron menos reparos por el interventor que en 2016 y que en 2015, la cuantía económica de las operaciones y gastos realizados se disparó.
En 2016 hubo 185 facturas que fueron objeto de reparo; en 2015 su número superó la cuarentena y en 2017 hubo 48 facturas con reparo. Sin embargo, la evolución de los gastos de esas facturas demuestra que se han disparado considerablemente, especialmente en 2017.
Sin expediente de contratación
Así, en 2015 las facturas con reparo sumaron 2,7 millones de euros; se disparó a más del doble en 2016, donde las facturas con reparo sumaron 7,8 millones de euros y más aún en 2017 en que estos gastos han sumado algo más de 12,2 millones de euros, según los datos aportados por la Intervención en su informe.
Los reparos a estas facturas de 2017 se elevan al tratarse de gastos sin procedimiento o sin expediente de contratación; por no contar con consignación presupuestaria; por fraccionamiento de esos gastos o por la concatenación de contratos menores, que se da sobre todo en el área de Servicios Operativos que dirige la concejala Teresa Porras, donde el interventor puso reparo a seis contratos, que rondan cada uno los 21.000 euros y que van con la Ley de Contratos del Estado, que dispone que no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
Hay un caso novedoso a la vez que curioso en 2017 en que el interventor puso reparo a cuatro facturas del Instituto Municipal de Formación y Empleo, por la prórroga temporal e improcedente de varios contratos laborales.
En todo caso, los gastos de 2017 corresponden en su mayor parte, tal como ocurrió en 2016, a facturas del servicio de mantenimiento de parques y jardines de la capital. Solamente esas facturas suman 8,4 millones del total de 12,3 millones.
Destaca también el reparo que puso el interventor a un gasto emitido por la alcaldía para abonar una factura de 447 euros de una «comida protocolaria», pese a que el Ayuntamiento tiene contratado un servicio de catering.
