Tras un pequeño repunte en 2016 y 2017, la licitación de obra pública en Málaga vuelve a caer en este 2018 y continúa sumida, según la opinión de los empresarios de la construcción, en unas bajísimas cifras que siguen lastrando la mejora que el sector sí viene experimentando en los últimos años de su otra gran pata de actividad (el segmento residencial, que presenta un incremento sostenido tanto de ventas de viviendas como de visado de proyectos para nuevas promociones). La provincia ha recibido este año hasta agosto un total de 184,3 millones de euros de inversión en licitaciones de obra pública, con un descenso del 21,9% sobre el mismo periodo del año anterior, según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). Se estima así que el conjunto del año se moverá por debajo de los 300 millones, un volumen «muy insuficiente» para una provincia con la población y el tejido productivo de Málaga, comentan desde la Cámara de Comercio y la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP).
La ACP,que también maneja sus propios datos de caída de la inversión con un 10% hasta septiembre, recuerda que en 2007, antes de la crisis, Málaga alcanzó un récord inversor de casi 1.500 millones en todo el ejercicio mientras que en 2008 y 2009, ya con la crisis declarada, se invirtieron en torno a 1.000 millones cada año. La cifra se fue progresivamente desplomando hasta mínimos de unos 140 millones en 2012, 2013 y 2015 para subir a 190 en 2016 y a 353 en 2017. El sector se hace cargo de que la situación económica de las cuentas públicas no es ni mucho menos óptima pero sí cree que un horizonte factible actualmente sería el de 600 millones anuales.
El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Juan Cobalea, afirma en que las cifras de inversión pública siguen siendo «muy bajas». «Se está produciendo de nuevo una desaceleración en el ritmo de licitaciones y si comparamos con el año anterior observamos un retroceso sobre todo en la Junta y el Estado. En cambio, los ayuntamientos y la Diputación siguen dando la cara y son los que están sosteniendo la inversión pública en Málaga», comenta.
Según los datos de Seopan, la Administración central lleva invertidos este año sólo 28 millones de euros, un 67% menos que en 2017 mientras que la Junta se queda en 30,9, con una bajada del 51%. Las administraciones locales, efectivamente, son las que mantienen el tipo con 125,3 millones y un crecimiento del 40% sobre lo acumulado a agosto de 2017.
«El sector de la construcción se apoya en los dos pilares. Por una parte, la vivienda y por otro la obra pública. Estamos viendo como la vivienda sí que está mostrando un buen nivel de crecimiento, pero la obra pública sigue en general estancada o decayendo, con lo cual el sector no toma el impulso en la recuperación de empleo que debiera, una vez salido de la profunda crisis de estos años anteriores. La iniciativa privada está tirando del carro, en cambio en la pública no termina de afianzarse», lamenta.
Los empresarios insisten además en que la construcción debe contribuir a una parte importante del PIB de Málaga, «máxime con las alertas sobre el difícil crecimiento cuando no estancamiento del sector turístico».Empresas abocadas a «subsistir»
Por su parte, la secretaria general de la ACP, Violeta Aragón, afirma que el año está siendo muy flojo a nivel inversor, pese a estar cercano un nuevo ciclo de elecciones «Los ayuntamientos sí están aportando más, pero las inversiones del Estado y la Junta están olvidadas», dice.
Como obras pendientes en Málaga, la Cámara y la ACP citan, entre otras, el tren litoral (como mínimo la primera fase hasta Marbella), el soterramiento de las vías al puerto, el Auditorio, el tercer hospital, o las depuradoras que deben completar el ciclo integral del agua. También reclaman, a nivel urbanístico, que haya más suelo para la industria y para edificios de oficinas y empresariales.
Para los constructores, las actuales partidas de inversión a cargo de las administraciones mantienen a gran parte de las empresas de obra civil abocadas a un estado de «subsistencia» e impiden que el sector en general pueda recuperar el empleo perdido en los años de recesión «al ritmo deseado». La provincia tiene ahora 52.700 trabajadores vinculados a la construcción, la mejor cifra desde inicios de 2011, según datos de la EPA. «Si no fuera por esta paralización de inversiones serían muchos más», asegura Aragón, que cree que, con una mayor inversión, la cifra se podría acercar a los 70.000.
Otro efecto de esta escasez de proyectos, según la patronal, es que las constructoras se ven obligadas a presentar ofertas muy a la baja para poder competir por lo poco que las administraciones sacan a concurso. Las rebajas medias sobre el presupuesto inicial, que alcanzaron en 2016 el 32% en Málaga, siguen cercanas al 30%. El derrumbe de precios provocado por esa feroz competencia tampoco beneficia al sector, apunta la representante de la ACP.
