La primera reunión entre representantes del comité de empresa y de la dirección de Limasa para trasladar la última sentencia judicial al convenio colectivo sirvió para que los representantes de los trabajadores, que ya tenían hechas sus cuentas y cuantificado el costo de la recuperación de sus derechos laborales, pusieran encima de la mesa su reclamación económica y laboral por estos siete años de recortes.
Esa reclamación, dividida en dos planteamientos separados, ronda la suma de 60 millones de euros que la empresa tendría que asumir para solventar, la recuperación de los derehos laborales, tal como fija la sentencia.
La empresa, el director de recursos humanos y el interventor, presentes en la reunión, escucharon la reclamación de la plantilla, con algunas observaciones, quedaron en trasladarla y estudiarla y responde en una proxima cita que no quedó fijada.
Mientars tanto, la empresa mantiene la duda sobre si presentará o no recurso contra la sentencia del juzgado de lo Social 12. Tiene cinco días habiles para anunciar si presenta o no recurso, plazo que acaba el lunes.
De un lado la plantilla reclama a nivel salarial, la subida de un 1,5% que estipula el convenio colectivo, durante los siete últimos años; igualmente la recuperación de la paga de productividad durante esos mismos años, descontando las partes que ya han sido abonadas. El cálculo del comité es que esta reclamación estará entre los 8.000 y los 14.000 euros por operario, dependiendo de su categoría y antiguedad que multiplicado por una plantilla, entre fijos, fijos discontinuos y temporales, de 1.800 personas, elevaría este capítulo a unos 20 millones de euros. Este capítulo es «innegociable» para la plantilla y lo reclama sin atenuantes.
El segundo capítulo es el del ahorro que ha tenido la empresa durante los siete años de recortes con la eliminación del descanso los fines de semana, la alteración de los turnos de vacaciones y la prohibición a los fijos de poder trabajar en festivos, un ahorro que «se ha hecho a costa de la plantilla sobre la que ha repercutido», según aclara el presidente del comité Manuel Belmonte.
El cálculo de este segundo capítulo según las cuentas del comité es de algo mas de 40 millones de euros, una cantidad y unos conceptos sobre los que el cmité si estar dispuesto a negociar.
