15 de octubre de 2018
15.10.2018
La Opinión de Málaga
Empresa de limpieza

Limasa recurre la última sentencia y pone a la plantilla al borde del estallido

La empresa incumple su compromiso firmado de no presentar recurso - La empresa ofrece un abono de unos 1.500 € por operario - El comité da un ultimátun al alcalde y estudia movilizaciones

15.10.2018 | 21:52
Un operario de Limasa en tareas de limpieza.

El aviso de la empresa de que recurrirá la última sentencia del juzgado de lo Social 12 que fija como único convenio el firmado en 2010, sin tener en cuenta los acuerdos posteriores y el anuncio de que «en cumplimiento» de esa sentencia abonará como «pago a cuenta» la cantidad de 2.800.000 euros a repartir entre la plantilla, ha provocado la indignación de los representantes del comité de empresa presentes en la reunión y el estallido de la plantilla, que al ser informada por sus representantes ha expresado en las redes sociales su enfado y su disposición movilizarse.

El comité de empresa rechazó el abono del pago a cuenta, que calificó como «una provocación» y realizó un doble movimiento tendente a canalizar y dirigir el malestar de la plantilla. De un lado, anunció su disposición a convocar una asamblea para informar y «decidir las acciones y movilizaciones» que se acuerden y, de otra implicar al alcalde en el conflicto que se avecina. Al efecto, el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, se puso en comunicación telefónica con De la Torre, pero al no conseguirlo le dejó un mensaje explícito para una reunión «urgente» donde exponga «cual es su postura, y si es la misma que la de la empresa, actuaremos en consecuencia.

«El alcalde debe tener claro que ha habido un atropello contra la plantilla de Limasa en estos años atrás que ha generado una deuda que no vamos a perdonar», dejó claro Belmonte.

La empresa y el Ayuntamiento han decidido recurrir la sentencia rompiendo su compromiso plasmado en el acuerdo de fin de huelga firmado el 15 de marzo de 2016. En dicho acuerdo, que fue firmado por el comité de huelga, y representantes de la empresa y contó con el respaldo del alcalde, Francisco de la Torre, y del entonces concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, se leía en uno de sus preámbulos que «en caso de sentencia desestimatoria para la empresa del juzgado de lo Social número 12, y una vez conocida la sentencia en primera instancia, se procederá con la aplicación del convenio colectivo 2010-/12», y a continuación añadía que «ambas partes renuncian en este procedimiento a presentar recurso de alzada contra la sentencia en primera instancia».

La empresa comunicaba que en tanto se resuelve el citado recurso, los trabajadores recibirán, en cumplimiento provisional de la sentencia, un pago a cuenta que incluirá los atrasos de las pagas de productividad 2014-2017 y de la paga de septiembre 2015-2017 así como el abono de la ayuda de diciembre 2014-2017.

Por contra, la plantilla reclama a nivel salarial, la subida de un 1,5% que estipula el convenio colectivo, durante los siete últimos años; igualmente la recuperación de la paga de productividad durante esos mismos años, descontando las partes que ya han sido abonadas. El cálculo del comité es que esta reclamación estará entre los 8.000 y los 14.000 euros por operario, dependiendo de su categoría y antiguedad que multiplicado por una plantilla, entre fijos, fijos discontinuos y temporales, de 1.800 personas, elevaría este capítulo a unos 20 millones de euros.

El segundo capítulo es el del ahorro que ha tenido la empresa durante los siete años de recortes con la eliminación del descanso los fines de semana, la alteración de los turnos de vacaciones y la prohibición a los fijos de poder trabajar en festivos. El cálculo de este segundo capítulo según las cuentas del comité es de algo más de 40 millones de euros.

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