La economía sumergida sigue siendo una de las grandes lacras del mercado de trabajo debido a la elevada precarización laboral (acrecentada en los años de la crisis) y a la persistente mala conducta de algunos empresarios, siendo la hostelería uno de los sectores donde se registra una mayor incidencia. Las actuaciones que la Inspección de Trabajo realiza en su ya habitual campaña especial de control en el sector de la hostelería, cerrada ya la temporada alta turística, han permitido realizar este año cerca de 1.600 inspecciones que se han saldado con, entre otras incidencias, la regularización de 979 trabajadores que estaban en situación irregular en sus empresas, ya sea por no tener contrato de trabajo o porque echaban un 50% más de horas de las que estipulaba su jornada laboral.
Las cifras de empleo en negro aflorado en este 2018 son algo superiores a las del año anterior, algo que el jefe de la Inspección de Trabajo en Málaga, Alfonso Conejo, achaca a un «afinamiento» de las visitas realizadas a los negocios de hostelería, con controles que pueden realizarse durante la tarde-noche o en fines de semana, que es cuando la actividad es mayor en muchas de estas empresas.
«Estamos haciendo especial hincapié en estos horarios para que las inspecciones sean más eficaces», explica el responsable del departamento. Los casos de empleados con contrato a tiempo parcial que trabajan muchas más horas de las que les corresponde son los más frecuentes detectados por los inspectores en sus visitas a bares, restaurantes, chiringuitos o discotecas de la provincia.
De hecho, del empleo regularizado este año, dos terceras partes corresponden a esta casuística y el resto son casos de personas que trabajaban sin contrato. «Hay mucho contrato a tiempo parcial abusivo, lo que se conoce como trabajador cautivo», señala.
Los sindicatos CCOO y UGT también vienen denunciando repetidamente que hay muchos empleados con este tipo de contratos que son obligados a echar ocho horas o más de su jornada laboral, cuando en realidad su contrato es, por ejemplo, de cuatro.
Por zonas, la capital y toda la franja de la Costa del Sol centran las labores de control, al reunir a la mayor parte de los municipios con más población de la provincia y, en consecuencia, a la mayoría de negocios y trabajadores del sector hostelero. Las visitas se intensifican desde mayo hasta final de septiembre, en paralelo con el desarrollo de la temporada turística.
Actas de infracción
El balance de la Inspección revela que sus controles han permitido levantar de enero a septiembre de este año más de 430 actas de infracción en diferentes empresas y unas propuestas de sanción que suman algo más de 3,2 millones de euros. La campaña ha posibilitado además una recaudación inducida de otros 320.000 euros para la Seguridad Social, correspondientes a bases de cotización no satisfechas, diferencias relativas a la incorrecta aplicación del convenio colectivo de hostelería por parte de las empresas (al no pagar a sus trabajadores con arreglo a las tablas salariales vigentes) o prestaciones de desempleo recuperadas para las arcas del Estado.
Las actas liquidatorias de todas esta sanciones suponen otros 1,4 millones por lo que puede decirse que el costo final para estas empresas infractoras han rondado los cinco millones de euros.
Por otro lado, se da la circunstancia de que en 33 de los trabajadores que fueron detectados trabajando sin contrato en una empresa estaban además cobrando la prestación por desempleo, según los datos de la Inspección.
Sanciones
En el caso de los trabajadores sin contrato, la sanción mínima a la que se enfrentan las empresas infractoras es de 3.126 euros por cada persona en esta situación irregular, con recargos que comienzan en el 20% a medida que sube el número de afectados. Y si además estas personas cobraban la prestación por desempleo, la empresa que los cobija se enfrenta a una sanción de carácter muy grave y una multa añadida de otros 10.000 euros por individuo (también con recargos).
Según la normativa, en estos casos no hay sanción para el trabajador por cobrar el paro indebidamente aunque sí se le corta automáticamente el derecho a la prestación que estaba recibiendo. Además, la Seguridad Social apunta lo que esa persona ha cobrado de forma indebida como deuda a recuperar en un futuro, descontándolo de futuras prestaciones.
En cuanto a las infracciones por fraude en el uso de la jornada a tiempo parcial, la multa para la empresa es de un mínimo de 626 euros, aunque luego se pueden aplicar agravantes. También se obliga a estos negocios a hacer al trabajador un contrato acorde al desempeño real.
CCOO y UGT, pese a valorar la labor de la Inspección, afirman que estos controles apenas logran destapar «la punta del iceberg» de unas prácticas fraudulentas que consideran muy extendidas en buena parte del sector. Las centrales siempre recuerdan que los negocios suelen recurrir mucho (sobre todo durante la época de en verano) a la figura del «extra», en referencia a trabajadores que cubren puntualmente un servicio (por ejemplo, una boda). Muchos de ellos trabajan sin contrato y el empresario les paga en mano al final de la jornada entre 40 y 50 euros, según han comentado en varias ocasiones fuentes de CCOO.
