El Ayuntamiento de Málaga recibió en 2010 una multa de 300.000 euros por parte de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) por actuar como proveedor de internet mediante una red WIFI gratuita sin tener autorización (red Biznaga) y, desde entonces, no se ha conocido si tras un prolongado proceso judicial se ha abonado la sanción, algo que preguntará IU-MpG en el próximo pleno.
Así, la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, aprobada por el PP, instauró un «régimen plenamente liberalizado en la prestación de servicios y el establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones». Esta norma, explica el portavoz del grupo, Eduardo Zorrilla, impide a los consistorios «como organismos públicos ofrecer Wifi gratuito sin límites si no se inscriben como operadores de telecomunicaciones, ni financiar este servicio con impuestos, pues considera que el acceso a la red no puede ser gratis para los ciudadanos, ya que si un Ayuntamiento instala una red gratuita en una zona en la que los operadores privados han realizado sus inversiones y ofrecen servicio se infringen las reglas del libre mercado».
La elevada sanción puso en evidencia, dice Zorrilla, «en aquel momento un error administrativo muy grave del equipo de gobierno». «Nuestro grupo es partidario del uso gratuito Wifi y del acceso universal a internet, creemos que el desbarajuste del equipo de gobierno no lo tienen por qué pagar los malagueños», indicó.
«Es incomprensible que no se cumpliera con el requisito legal para poder otorgar en varias zonas de la capital conexión gratis a Internet con las limitaciones oportunas, como se hace en otras ciudades», señaló, y puso como ejemplo Zaragoza, que este año ha multiplicado por diez, hasta 500, los puntos de acceso a su red municipal.
En abril de 2015, el Tribunal Constitucional, relata IU-MpG, tumbó el último intento del Consistorio para eludir la sanción de 300.000 euros impuesta en 2010 por actuar como proveedor de Internet mediante una red Wifi sin autorización. Tras la sentencia de la Audiencia Nacional de 2011 que confirmaba la multa, y al no prosperar los dos recursos municipales ante el Supremo, el Constitucional puso fin al litigio judicial al desestimar la demanda de amparo en la que se alegaba que el auto del Alto Tribunal de mayo de 2012 en el que se inadmitía el recurso de casación podría suponer una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. «Pese al enésimo revés judicial, el equipo de gobierno siguió sin darse por vencido hasta que un juez ordenara la ejecución de la sentencia. Cerrada la puerta en los tribunales, los servicios jurídicos anunciaron que intentarían, ahora por la vía administrativa, no abonar la multa puesta por la red Biznaga», subrayó Zorrilla, quien pregunta en qué estado está la sanción, si se ha ejecutado la sentencia firme que confirmaba la multa, si se ha pagado ya esta y cuál ha sido el dinero abonado en litigios judiciales.
Asimismo, pregunta el grupo municipal si se ha registrado el Ayuntamiento de Málaga como operador del servicio de internet y cuántos usuarios registrados tiene en la actualidad la red Biznaga.
