Todos los grupos municipales representados en la Comisión de Pleno de Derechos Sociales aprobaron ayer una moción del PP en la que instan al Gobierno central y a la Junta a que cumplan con lo establecido en la financiación del Plan Concertado de Servicios Sociales, asumiendo el 33% que les corresponde anualmente, al objeto de que los recortes de otras administraciones no obliguen al Consistorio a incrementar la partida prevista inicialmente. El edil del ramo, Raúl Jiménez, denunció que el Ejecutivo andaluz ha reducido su aportación en más de 367.000 euros entre 2017 y 2018, abonando en la primera anualidad 2,62 millones de euros frente a los 2,25 de la segunda.

El Plan Concertado para el desarrollo de las prestaciones básicas de los servicios sociales se puso en marcha en 1988 y tiene como finalidad lograr la colaboración entre el Gobierno central y las comunidades para financiar una red de atención de servicios sociales municipales que permita garantizar las prestaciones básicas a los ciudadanos en situación de necesidad, explica el PP en la moción, que finalmente ha sido institucional.

También se acordó por unanimidad instar al Gobierno que salga elegido de las urnas tras las elecciones autonómicas a poner en marcha, junto con las entidades locales, un gran Pacto Andaluz en Defensa de los Servicios Sociales, que tenga como una de sus finalidades principales la garantía de financiación de los servicios sociales comunitarios sin que esta pueda verse mermada por la situación económica por la que esté atravesando Andalucía. Asimismo, se reclaman a la Junta, con todos los votos a favor, incluidos los del PSOE, los fondos extraordinarios que el Ayuntamiento deberá anticipar para responder a las necesidades básicas de las personas más vulnerables.

La edil de IU-MpG Remedios Ramos logró colar la siguiente enmienda: «Instar a la Junta que unifique todos los programas para crear una red pública única de los centros de servicios sociales comunitarios del sistema público». Además, «el Ayuntamiento se compromete a hacer un esfuerzo para crear estructuras organizativas homogéneas en los centros de Málaga». Ramos también criticó la reducción efectuada a esta aportación por los gobiernos del PP en los años más duros de la crisis, pasando por ejemplo de 1,1 millones de euros en 2011 a 308.538 en 2014.

«A pesar de que la financiación es tripartita y debiera ser equilibrada entre las tres administraciones, lo cierto es que el Ayuntamiento está aportando el 78% del presupuesto del plan, mientras que la Junta no sólo no aporta el 33% que le correspondería, sino que ha recortado este año su aportación. En concreto, y pese a que en un inicio se respetaba el acuerdo de financiación a tres partes iguales, la aportación del Ayuntamiento es, como decimos, del 78% frente a la de la Junta, 17%, y la del Gobierno central, 5%», consta en la moción.

Con el recorte en la financiación, «la Junta sitúa al Consistorio en una posición que dificulta el desarrollo de la política social de la ciudad y repercute negativamente en el bienestar de las personas en situación de exclusión social, así como en la estabilidad laboral de los profesionales que desempeñan estas funciones», dijo Jiménez.