El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del Ayuntamiento de Málaga ha tramitado 4.963 peticiones de ayudas al alquiler de casa habitual para personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, ante la Junta de Andalucía desde la convocatoria de la Orden de 29 de julio de 2014 por la que el Ejecutivo andaluz aprobaba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia definitiva, para el arrendamiento de casas gestionadas por entidades públicas.
El IMV y la Junta firmaron un convenio entonces por el que la agencia municipal se convirtió en entidad colaboradora, de forma que pudo tramitar en aquella y en sucesivas convocatorias, en nombre de los interesados, las subvenciones, así como certificar el cumplimiento de los requisitos y recibir el importe de las ayudas. En aquella ocasión (2014) se aprobó la convocatoria con una financiación de 4,32 millones de euros (60% estatal y 40% autonómica), que fueron ampliados con 800.000 euros más por la Junta, hasta llegar a los 5,12 millones de euros.
En 2014, se presentaron ante el IMV para la concesión de estas ayudas 1.098 solicitudes por valor de 2,14 millones de euros, concediéndose 779 por 1,72 millones. En 2015, se presentaron 1.526 peticiones de ayudas al alquiler (siempre para personas con ingresos limitados o en situación de vulnerabilidad) por valor de 1,2 millones de euros, de las que se concedieron 912 por 781.439 euros; en 2016, se presentaron 1.048 resoluciones (no consta el importe potencial de subvenciones) y se concedieron 1.036 por 1.034.581.11 euros. En 2017, el IMV tramitó 1.291 solicitudes, de las que en agosto de 2018 se han aprobado de forma provisional 1.100 beneficiarios, aunque está pendiente de la aprobación definitiva. En total, por tanto, y en las últimas cuatro convocatorias, se han solicitado casi cinco mil subvenciones al alquiler para las viviendas del IMV con dinero autonómico, pero se han concedido 3.827 por 3,53 millones de euros (suma a la que habrá que añadirle la resultante del ejercicio 2018).
De hecho, ayer se celebró un Consejo Rector del IMV en el que se proponía, de urgencia, aprobar el convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta y la entidad local para gestionar las ayudas para el alquiler de la vivienda habitual a personas en riesgo de exclusión social, con pocos ingresos o a jóvenes en la comunidad, en esta ocasión con el horizonte temporal 2018-2020, un acuerdo que salió por unanimidad.
El expediente que avala ese convenio incluye un informe en el que se propone a los consejeros del IMV la aprobación de ese acuerdo con la Junta, un estudio elaborado por el Servicio de Gestión del Patrimonio Inmobiliario en Alquiler de la agencia municipal. El pacto tiene como objeto «instrumentar la colaboración de la agencia pública del IMV para que recepcione las solicitudes de las personas que las designen como ente público gestor de su ayuda y le otorguen representación suficiente para que colabore en la tramitación de la solicitud en todas las fases del procedimiento, de forma que dará traslado de las mismas a la Delegación Territorial de la Consejería competente en vivienda en el plazo desde 10 días desde su recepción». Asimismo, grabará los datos de los aspirantes.
Por tanto, el IMV actuará en representación de las familias inquilinas de su parque inmobiliario en alquiler, pudiendo recibir directamente las ayudas previstas para su aplicación a la renta de alquiler, consta en el estudio que avala el convenio, cuando así se acuerde, por lo que el total de 2.485 familias residente en el parque público de titularidad del IMV se beneficiarán directamente. Para que pueda obtenerse esta subvención, es imprescindible que se aprobase ayer este convenio.
El IMV recuerda que ha colaborado en las últimas cuatro convocatorias de subvenciones tramitadas entre 2014 y 2017, lo que ha supuesto para la agencia la adquisición de una curva de experiencia más que suficiente para tramitar de forma ágil las solicitudes de ayudas para las anualidades que van de 2018 a 2020. En esta ocasión, la orden fue aprobada por la Junta el 17 de octubre de 2018 en base al convenio suscrito con el Ministerio de Fomento para la ejecución el plan 2018-2020.
Esa experiencia ha puesto de manifiesto, para el IMV, la dificultad que han tenido los interesados a la hora de cumplimentar formularios y facilitar a la administración competente los datos requeridos en una adecuada precisión, lo que aconseja obtener la información fundamental del solicitante, tanto documental como a través de otras plataformas de la administración, al inicio del procedimiento, «a fin de que sea verificada desde un primer momento». También para facilitar la presentación de la solicitud y su acceso a la ciudadanía se cuenta, al igual que en las anteriores convocatorias, con la participación de entidades colaboradoras, que deberán suscribir el convenio.
