04 de noviembre de 2018
04.11.2018
La Opinión de Málaga
La Tertulia del Cantarrana

Reclaman treinta jueces más para la capital y más fiscales en la Costa

Los destacamentos de la Fiscalía en los partidos de la Costa deberían duplicar su plantilla Solicitud Insisten en reclamar un Pacto de Estado para la Justicia

04.11.2018 | 05:00
Francisco Javier Lara, Lourdes García Ortiz, Antonio J. López, María Teresa Verdugo y José María Páez, en el restaurante Cantarrana.

El menú de La Tertulia del Cantarrana

  • Aperitivo de tosta de atún en manteca y entrante de surtidos ibéricos de bellota.
  • Primer plato: Sopa cantarrana (mariscos).
  • Segundo plato: Atún rojo a la plancha con verduras salteadas.
  • Postre: Brownie de chocolate con helado de vainilla.
  • Bodegas: Los Frontones, de Bodegas Excelencia y Blanco Botani, de Bodegas Ordóñez.

Proponen la creación de tribunales de instancia, órganos que sustituirían a los juzgados y que tendrían varios jueces y una cifra determinada de funcionarios para ir sumando personal cuando sea necesario

La Justicia arrastra una falta de medios materiales y humanos endémica. Pero ¿cuáles son las necesidades reales de este servicio público en Málaga? Las respuestas, según las autoridades judiciales, fiscales, de la abogacía y de la procura, están claras: treinta juzgados más para la capital, la posibilidad de reorganizar las oficinas judicial y fiscal (flexibilidad sobre la reubicación de los funcionarios), más funcionarios para la Fiscalía, doblar el número de acusadores públicos en los destacamentos del ministerio público en los distintos partidos judiciales de la provincia, sobre todo en los de costa, cuatro magistrados para las secciones civiles de la Audiencia y dos para las penales y seguir avanzando en la aplicación de las tecnologías.

Esta es la receta que comparten la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes García Ortiz, el juez decano de la capital, José María Páez, el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, el decano del Colegio de Procuradores, Antonio J. López, y la fiscal delegada para la tutela penal de la Igualdad y contra la Discriminación, María Teresa Verdugo, personalidades todas ellas del mundo de la Justicia que acudieron el pasado martes a La Tertulia del restaurante Cantarrana que organiza La Opinión de Málaga cada mes.

Los problemas están claros. María Teresa Verdugo señala: «Es verdad que podríamos tener más funcionarios, jueces o fiscales. También pecamos de un defecto de organización, no siempre sabemos racionalizar los medios y muchas veces no se es consciente de que en una oficina judicial hay un personal que no depende del Letrado de la Administración de Justicia o del magistrado, lo que a veces ocasiona muchas disfunciones. Por suerte, la mayoría es gente responsable y que trabaja, pero es verdad que hay una rigidez en la estructura del sistema que muchas veces dificulta que se adopten soluciones más creativas de agilización, criterios más empresariales desde la eficacia». También reclama la fiscal la eliminación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que «es una barbaridad». «Nosotros queremos investigar y trabajar, cuesta trabajo muchas veces descubrir al delincuente, cuando son delitos complejos. Que nos digan por ley que si en seis meses no lo hemos conseguido se cierra, es como decir vamos a quitar las listas de espera de manera que, no os preocupéis, a partir de mañana no hay listas de espera por ley, si en 15 días no te han operado, pues ya no te operan nunca». Considera que no costaría mucho dinero implementar una serie de reformas legislativas pensadas «desde el punto de vista de la eficacia, de la agilización del proceso y de conseguir averiguar la verdad material en defensa de los derechos de las partes».

María Teresa Verdugo señala que en Fiscalía existe un problema de falta de funcionarios, «hace falta aumentar la plantilla para ser más eficaces, trabajar mejor y en menos plazo». Sin embargo, también necesitan más funcionarios, ya que mientras que la planta judicial sí ha crecido en toda la provincia, la de funcionarios de la oficina fiscal no se ha movido. «Igual que cada juez, por ejemplo, tiene diez funcionarios que materializan su trabajo, porque el juez piensa, decide, dicta su sentencia pero toda la parte del trámite de concretar eso, hay una serie de funcionarios, hoy en día muy preparados, con unas oposiciones muy exigentes que lo hacen. En Fiscalía, la plantilla se ha quedado estancada, en los últimos 20 años no se ha creado ni una plaza, eso hace que perdamos muchos tiempos los fiscales en hacer cuestiones de trámite, que la podría hacer una persona formada al efecto y que tiene ese papel». También es fundamental, en su opinión, doblar la plantilla de fiscales en los destacamentos del ministerio público en los partidos judiciales de la provincia, sobre todo en la Costa del Sol Occidental y en la Oriental.

José María Páez, juez decano, tiene claro que el problema de la Justicia es «la tremenda litigiosidad del país, hay un número de pleitos, de demandas, de delitos, de recursos multimillonario, esa litigiosidad tan enorme no se corresponde con los medios para abordarla». Esa alta litigiosidad se da, sobre todo, en el arco mediterráneo, desde Barcelona a Cádiz y en las grandes ciudades.

El otro problema, en su opinión, es el tiempo de respuesta, «una Justicia que no se dicta en tiempo muchas veces dista de ser Justicia, porque no llena esa demanda que tiene el ciudadano». «Lo que está claro es que la Justicia tiene solución y no es excesivamente costosa ni difícil llevar a cabo, pero para eso se necesita que los que tienen la responsabilidad de solucionarlo se pongan de acuerdo». Reclama un paco de Estado para la Justicia «que nunca llega».

El déficit de juzgados en la capital asciende a 30 sedes, aunque ello es en relación al sistema tradicional de organización judicial, de forma que cada juzgado tiene un juez, un letrado de la Administración de Justicia y diez funcionarios. «Ese sistema no es económicamente sostenible y se ha decidido abandonarlo», explica. Ahora, la alternativa es crear tribunales de instancia, de forma que se especialicen en diferentes jurisdicciones y haya en ellos un determinado número de jueces (no uno como hasta ahora) y una cifra determinada de funcionarios. «Se trataría de implantar determinados tribunales con un número de jueces determinado y una oficina común», señala. Su diseño era en un principio uniprovincial, pero los alcaldes se negaron, porque no quieren perder la cabecera del partido judicial. «No podemos implantar un sistema en el que tenemos a todos los alcaldes de España en contra», apunta. Su propuesta es poner estos tribunales «donde actualmente existen juzgados», de forma que haya en todos los partidos judiciales. «Eso nos permitiría crear sólo las plazas de jueces y de funcionarios que hicieran realmente falta, a veces hay jurisdicciones donde no es tan necesaria la creación de un número de funcionarios como de jueces, porque el trámite es más sencillo». Si se crearan estas treinta plazas, el efecto sobre la Audiencia Provincial, que resuelve sus recursos, sería inmediato. Hay que hacer, añade, «un planteamiento integral».

Francisco Javier Lara afirma que lo que necesita la Justicia es que los representantes se sienten juntos y puedan generar opinión. «Lo que le falta a la Justicia es voluntad política por que funcione. ¿Que hay falta de medios? Claro, pero es que puede ser intencionada. Hoy pagamos una multa de tráfico con el móvil en tres minutos y medio y la Administración de Justicia sigue como está. Se han modernizado la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, todo, pero aquí seguimos igual, con los mismos problemas de siempre, pero no hacemos nada para cambiarlo; no lo podemos cambiar nosotros, porque todos estamos desbordados». Lara reconoce que los jueces realizan un buen trabajo pese a estar desbordados y no tener medios. En cuanto a la nueva oficina judicial, «ni está ni se le espera. Quizás habría que replantearse el funcionamiento de los juzgados, a lo mejor el funcionariado, que hay funcionarios muy buenos; a lo mejor, digo, habría que cambiar el sistema y que el juez fuese no sólo el titular del juzgado a la hora de dictar resoluciones; pienso en un registrador de la propiedad, con unos funcionarios a los que se les pueda estructurar y organizar el trabajo», precisa, para destacar que es necesaria «voluntad política e invertir en Justicia». «La Justicia tiene solución, estoy de acuerdo; la solución la tiene que dar quien la tiene que dar, y cuando se pongan los medios, la estructura, se dé el cambio absoluto de la Justicia como funciona ahora, una vez que se dé ese cambio empezaremos a ver las peculiaridades de cada juzgado».

Lourdes García Ortiz, presidenta de la Audiencia, insiste en que la Justicia tiene solución y afirma que, en sus más de treinta años como magistrada, han cambiado muchas cosas. «Desde hace unos años para acá hemos sufrido una crisis tremenda que nos ha hecho padecer mucho a nosotros en las Justicia, se ha paralizado el acceso de nuevos jueces cuando hacían tantísima falta, la sobresaturación de los juzgados, muchas veces no se ha dado la respuesta porque esa crisis no ha dado respuesta a la creación de plazas necesarias, tenemos que seguir reivindicando nuevas plazas judiciales, en concreto Málaga tiene focos muy problemáticos, y sigue siendo importante estar preocupados tanto en la ciudad como en la provincia de juzgados y partidos judiciales muy necesitados, hay que seguir reivindicando una adecuada planta judicial en la provincia».

Afirma que hay que seguir trabajando en el sistema informático, un expediente judicial «que ha dado muchas disfunciones», un sistema de LexNet (notificaciones digitales de resoluciones judiciales) «que empezó con muchos altibajos y hay que estar encima para que funcione, ese papel cero que tantos problemas nos da, pero debemos seguir reivindicando su funcionamiento». También señaló la «lenta» implantación de la oficina judicial, «aquí se ha empezado a implantar en Vélez Málaga y en Melilla también, pero son pocos puntos para lo grande que es la provincia, en la ciudad es muy complicado cuando esto se pueda poner en marcha». Considera positiva también la reestructuración de la oficina mediante un sistema colegiado, «quizás sea más funcional y eficaz que el que venimos teniendo hasta ahora», y pide dos magistrados más para las secciones penales de la Audiencia (de forma que la formación de tribunales para macrocasos no paralice el funcionamiento ordinario de la Sala) y cuatro para las civiles, saturadas con casos tales como cláusulas suelo o de condiciones generales de contratación.

El decano de los procuradores malagueños echó en falta «la unificación de criterios en el funcionario», de forma que cualquier normativa nueva «da pie a que nos encontremos con un funcionario que nos facilite una serie de información y el de la mesa de al lado que no», critica las «instalaciones tercermundistas» de algunas sedes como Torremolinos, Marbella y Fuengirola y resalta que desde la implantación de LexNet –«el procurador es el que más lo sufre»– ha mejorado todo, «los acuerdos y protocolos que se establecen con las sedes judiciales en verano están funcionando desde hace dos años muy bien». Insiste en que «me asombra el organigrama del juzgado» y cree que el funcionario debería estar a las órdenes del juez.

Los tertulianos

Lourdes García Ortiz
Presidenta de la Audiencia Provincial

«Efectivamente, la Justicia tiene solución, llevo más de 30 años en la carrera, no puedo decir que no hayan cambiado cosas, porque cuando yo empecé había máquinas de escribir con papel carbón. Pero la Justicia ha estado más atrasada que otros sectores de la Administración»


José María Páez
Juez decano de Málaga

«Tenemos un déficit importante de jueces que podríamos establecer en 30 órganos unipersonales. Pero hablamos con arreglo al sistema del juzgado, que está en cuestión porque no es económicamente sostenible, nunca podría adaptarse al volumen de litigiosidad».


Francisco Javier Lara
Decano del Colegio de Abogados de Málaga

«La Justicia tiene solución, estoy de acuerdo, pero no la podemos dar ni los jueces ni los procuradores ni los abogados ni los fiscales, la solución la tiene que dar quien la tiene que dar, y cuando se pongan los medios empezaremos a ver las peculiaridades de cada juzgado».

María Teresa Verdugo
Fiscal para la Igualdad

«Pedimos que se quite el 324, que es una barbaridad, nosotros queremos investigar. Cuesta trabajo descubrir al delincuente cuando son delitos complejos. Que nos digan por ley que si en seis meses no lo hemos conseguido se cierra es como decir que vamos a quitar las listas de espera»

Antonio J. López Álvarez
Decano del Colegio de Procuradores

«Echamos en falta los procuradores una unificación de criterio en el funcionario en cuanto a cualquier normativa nueva; por ejemplo, en el Reglamento de la Propiedad. Todo eso nos da pie a que nos encontremos con un funcionario que nos facilite una serie de información y el de la mesa de al lado que no».
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