El número de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) no para de incrementarse y, aunque lo hace de una forma más moderada, se ha disparado en los últimos seis meses más de un 70 por ciento, lo que equivale a más de 4.600 licencias adicionales, dejando el total rozando las 12.500. De hecho, si en mayo el número de licencias de VTC era de 7.821 a nivel estatal, a comienzos de noviembre esta cifra se elevaba a 12.463.

Málaga es la tercera provincia española con mayor número de VTC, con 1.169 licencias, solo superada por Barcelona, que cuenta con 2.036, y por Madrid, con 6.252. Por su parte, Andalucía, con 1.862 licencias, es la tercera comunidad autónoma con más VTC tras Madrid, con 6.252 y Cataluña, con 2.171 automóviles, según los últimos datos oficiales recogidos por EFE. En el caso de Madrid la evolución en el número de licencias de VTC es aún más significativa con un crecimiento que supera el 75 por ciento en el periodo hasta registrar 6.252, más de la mitad de las que hay en todo el país. A pesar del crecimiento del número de licencias VTC, las de taxi no han seguido la misma tendencia y desde mayo su aumento ha sido del 1,5 por ciento hasta las 65.781. Con ello, actualmente el número de licencias de taxi en España es más de cinco veces superior al de VTC.

Y es que una gran parte de las licencias de VTC actuales se han ido obteniendo por vía judicial aprovechando el vacío legal que se produjo en España con la aprobación en 2009 de las leyes conocidas como Ley Paraguas y Ley Ómnibus sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que liberalizaron el sector de transportes dejando sin efecto el ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi que existía previamente.

Con todo ello, el número de licencias VTC no ha dejado de incrementarse en los últimos meses llegando a aumentar en casi mil nuevas de septiembre a octubre, una cifra que se ha ido reduciendo progresivamente. Para regular esta situación, el Consejo de Ministros convalidó el 28 de septiembre un real decreto ley que faculta a las comunidades y ayuntamientos a regular la actividad de los vehículos VTC con un régimen transitorio de cuatro años para que adapten la legislación.